Un policía afirma que «miente hasta la saciedad» para ganar confidentes
OURENSE CIUDAD
«Que me den información a cambio de que se consideren protegidos», dijo al juez
29 may 2018 . Actualizado a las 15:05 h.El caso de drogas que en noviembre del 2015 salpicó a la comisaría de Ourense se asoma a la segunda vuelta. Será previsiblemente corta. El escenario de la actuación policial que puso patas arriba el edificio de As Lagoas, al implicar a varios miembros del grupo de estupefacientes, incluido el jefe, con una supuesta trama de narcotráfico y robo de armas, es bien diferente al actual. Por eso, tres de los dieciséis investigados volverán ante el juez a explicarse.
En abril del 2016 murió de un tiro en la cabeza un policía a quien entonces no se relacionaba con aquellas irregularidades. Más recientemente, en enero, dos inspectores gemelos, entonces en activo aunque uno de ellos está ahora jubilado por razones médicas, fueron detenidos e implicados en la muerte y en otras actuaciones irregulares, de las que en noviembre del 2015 solo aparecían como sospechosos los miembros del grupo de drogas. El juez que entonces tomó declaración a los detenidos también ha tenido tiempo de llegar a la conclusión de que no existe conexión alguna entre el robo de las armas y la intervención de una notable cantidad de sustancias estupefacientes. La droga era tan real como las sospechas de la Unidad de Asuntos Internos hacia sus compañeros de Ourense. Con la instrucción del caso muy avanzada, el juez escuchará de nuevo a Josefa P. G. y a los dos policías del grupo detenidos el 9 de noviembre del 2016. Sobre todos estos, a la luz de los acontecimientos más recientes, tendrán ocasión de ampliar perspectivas y aportar matices.
Con dieciséis investigados, José V. V. , José Ramón R. R., María Fátima G. M. y Josefa P. G. encabezan los esquemas aportados a la causa. Se mostraron colaboradores cuando fueron detenidos. Josefa negó ante el juez que fuera «la cabecilla de esa organización», como le planteó la fiscalía. Se presentó como vendedora ambulante de ropa, admitió que parte de la droga ocupada en su poder era suya, aunque otra «se la tenía guardada a un chico». Era José el dueño, según ella.
En un interrogatorio dedicado en buena medida a determinar como «colaboraba» con el inspector que era jefe del grupo de drogas, aseguró que ella no ganaba «nada» y que nunca había pedido ayuda al funcionario. También informaba a otro policía, afirmó. «¿Es usted una buena ciudadana, entonces?», le pregunta el juez, a lo que ella contestó con un inequívoco «sí, señor». Del tono de las respuestas da idea que el instructor, en un momento del interrogatorio, le pregunta si «son dos tontos hablando entre ustedes: usted le está explicando un problema y me dice que (el inspector) no sabe de qué están hablando».
Admitió Josefa que tiene numerosos contactos en el mundillo de la droga, como que conoce a todo el mundo, aunque, cuando le dice el juez que la «temen bastante», matiza que «no porque sea agresión con arma».
Los 40.000 euros en una cuenta eran una donación, según afirmó, de un señor que había muerto en un piso de Covadonga que ella tenía alquilado. ¿El resto del dinero? «De la venta de ropa».
El exjefe del grupo de drogas, Antonio R., había admitido en su declaración como investigado que Josefa le facilitaba buena información, sin aceptar el envite del juez, «sorprendido» de que no le ofreciera el inspector «nada a cambio, aunque sea algún tipo de información por su parte, o algún tipo de protección tácita, es decir ‘no te vamos a tocar’, ‘no te vamos a investigar’».
Las grabaciones de pinchazos telefónicos de conversaciones entre compañeros y con otros investigados en esta causa tienen, para el inspector, una explicación diferente a la que hacen juez, fiscal y Asuntos Internos. Tenían que ganarse su confianza, para obtener buena información como la que le ofrecía y aunque Josefa «es una persona que satura, está todo el día llamando», mantenía el contacto, aun cuando a todos los implicados les había «mentido hasta la saciedad» con el fin de ganarse su confianza. «Es lo único que les puedo ofrecer, que me den información a cambio de que se sientan protegidos». Sin corresponder a la oferta, en realidad.
Dejó patente el inspector que su llegada al frente del grupo de drogas no fue bien recibida por un subinspector, que se quejó al comisario por hechos anteriores. Ya entonces reconoció un «encontronazo» a causa de una actuación con Roy D. L., uno de los gemelos, a quien una investigación de Instrucción 3 vincula con accesos irregulares a bases de datos para sembrar dudas y orientar sospechas de mala práctica hacia Antonio R. y otros policías de su entorno más próximo.
La droga ocupada en la operación Zamburiña en el 2015 fue valorada en 240.000 euros
Autorizó el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, la entrada y registro de cinco inmuebles cuya titularidad atribuía a Josefa P. G. en un auto del 10 de noviembre del 2015. En una casa de Reguenga, en Punxín, aparecieron 2.724 gramos de cocaína, que había guardado allí, según su testimonio, para otra persona. En el piso donde reside aparecieron 1.943 gramos de cocaína, 540 de heroína y diecinueve de hachís. En uno de los tres pisos que fueron registrados en Covadonga, la policía halló 593 gramos de hachís, 542 de cocaína, 574 de heroína y cinco gramos más de marihuana. El conjunto cuya titularidad atribuye la policía Josefa se completa con 39,5 gramos de marihuana y 1,1 gramos de hachís en otra de las viviendas del mismo barrio.
Diferentes registros
En el negocio que regenta José Ramón R. R. en Mariñamansa aparecieron 93 gramos de cocaína y la última de las intervenciones de droga corresponde a Fátima G. M., a quien le ocupó la policía 543 gramos de hachís y 1,1 gramos de heroína.
En conjunto, de acuerdo con el informe policial incorporado a la causa, el valor de los estupefacientes intervenidos en la causa tendría un valor superior a los 240.000 euros. Parte esa tasación de las tablas de valoración de la Oficina Central de Estupefacientes, que cifraba en 34.818 euros el valor del kilo de cocaína con una pureza media del 65 %. La valoración se ajustó al momento de la operación, con las tasas del primer semestre del año 2013, que eran las que estaban vigentes en el momento de la intervención.