La exconcejala socialista Marga Martín niega todos los cargos de ayuda a domicilio
OURENSE CIUDAD
Subraya que la adjudicación en el 2007 llegó gestionada por el anterior gobierno local del Partido Popular
27 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Al caso de la ayuda a domicilio de Ourense aún le queda que la Audiencia Provincial revise el auto de transformación en procedimiento abreviado de las diligencias que se incoaron en el 2012, antes de que el ministerio fiscal concrete la acusación. El juez ciñó las eventuales responsabilidades penales a la exconcejala Marga Martín y a los exsocios de Troncoso Saludges, José Troncoso y Alberto López. Troncoso recurrió. López está desaparecido, sin procurador ni abogado en la causa, supuestamente en Venezuela a la espera de que se tramite su extradición al estar reclamado para ingresar en prisión por otra causa. Marga Martín también ha recurrido. Pide a la Audiencia que revise el caso y la exonere de responsabilidad, pues, según razona, no hay indicios de que haya delinquido.
La exconcejala socialista considera que no existe prueba, «ni siquiera indiciaria», que pueda relacionarla con el delito de estafa ni con la falsedad en documento mercantil, fraude, exacciones ilegales ni malversación de caudales en el caso de la ayuda a domicilio, como aprecia el juez que instruyó el asunto. Al solicitar el archivo de la causa, subraya la exconcejala que la adjudicación del servicio estaba encarrilada y finalizada cuando se formó la corporación en el año 2007 y accedieron al gobierno local socialistas y nacionalistas.
Martín, según su recurso contra el auto que la empuja al banquillo, hace notar que ella no sabía de la situación hasta que el 22 de junio de 2017 tomó posesión y el alcalde, entonces Francisco Rodríguez, delegó en ella las competencias en asuntos sociales. Ni conocía las ofertas empresariales, ni el pliego de condiciones, pues, según subraya, fue redactado y tramitado prácticamente hasta su adjudicación por la anterior junta de gobierno del PP. La mesa de contratación, además, se reunió 20 de julio de 2007 y resolvió por unanimidad, teniendo en cuenta las puntuaciones concedidas a los distintos licitadores por los técnicos municipales competentes, e informadas por los asesores jurídicos. No se modificó ninguna de las valoraciones y la decisión final no se corresponde con decisión alguna que hubiera tomado la ahora acusada. En el recurso, Martín resalta que la adjudicación se hizo siguiendo de manera estricta el criterio técnico.
En relación con la facturación del servicio de ayuda domicilio en los primeros años, en la que el instructor encuentra irregularidades, la exconcejala sostiene que con independencia de que puede discutirse la oportunidad del pago por desplazamiento, ese hecho no pasa de ser un problema administrativo que se presta a interpretaciones. Durante su mandado se siguió la forma que se utilizaba históricamente en el Concello de Ourense en relación con la empresa que en cada momento prestaba el servicio.
En cuanto a las facturas de regularización correspondientes a los años 2007 y 2008, la exconcejala niega confabulación alguna con los empresarios, sostiene que no hubo la reunión a la que se hace referencia en el auto judicial, encuentro en el que supuestamente se pondrían de acuerdo para agotar el presupuesto de aquellos años. A la representante del PSOE le parece «chocante» que recién llegada al Concello, sin conocer previamente a ninguno de los dos empresarios, el fugado Alberto López y José Troncoso, hubiera propuesto facturar servicios no realizados «a un conspicuo dirigente de un partido opositor», en referencia a Troncoso, que había ocupado cargos relevantes con el PP.
Marga Martín sostiene que obraba de buena fe con esa facturación dudosa, que obedecía, según afirma, a conceptos que no se habían incluido en la factura mensual, pero que resultaban del contrato. Niega, por ello, la doble facturación o que la concejal recibiera facturas distintas de las que se entregaban en el registro municipal. La imputación es, a su juicio, absurda. Resultaría imposible el pago de facturas que no hubiesen sido sometidas a la información previa y a la supervisión en intervención municipal hasta la realización del pago.
La exrepresentante del PSOE enfatiza cómo iba a pactar con un «conspicuo dirigente» opositor