Piden año y medio más para investigar el caso de drogas que salpicó a policías

La intervención de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la policía en la llamada operación Zamburiña, sustentada inicialmente en anónimos que incluían acusaciones falsas contra efectivos de la comisaría de Ourense, no solo levantó ronchas entre sus propios compañeros. También los demás implicados en el caso la han criticado con dureza, en algunos casos por medio de escritos al Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, donde se sigue las diligencias 1645/2016. Ahora, el abogado de uno de los investigados ha pedido al juez que aparte de la instrucción al inspector de Asuntos Internos que la dirigió y que, además, deduzca testimonio «por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delitos». Propone esta parte, además, que el juez amplíe en año y medio más el período de instrucción de la causa, dada su complejidad. Y ello, indica, incluso si la fiscalía se opone a ello.

Para la defensa de José Ramón R. es necesario que el juez vuelva a citar como testigos a los dos policías gemelos y a otros cuatro funcionarios más, alguno de ellos ya jubilado, como el ex jefe de la brigada de policía judicial. «Se quiere juzgar a policías corruptos por favorecer supuestamente el tráfico de drogas» que dirigían y ejecutaban otras personas, presuntamente dirigidas por Josefa P. G., «sin hacer el más mínimo esfuerzo por identificar ni juzgar a los policías que dicen arrepentirse de haber participado en hechos delictivos», censura el escrito remitido el viernes pasado al juzgado de Instrucción 1. A esa misma defensa le «llama la atención que no existe ninguna diligencia probatoria solicitada por el ministerio fiscal tendente a identificar el anónimo».

El defensor de uno de los dieciséis implicados censura la actuación del inspector de Asuntos Internos que dirigió la operación, por su «silencio y pasividad» en relación con informantes y confidentes, «en lugar de perseguirlos por los delitos que hayan podido cometer». La ocultación de datos al propio juzgado es uno de los aspectos de los que acusa al funcionario de la UAI. La actuación de esta unidad policial «no merece credibilidad ni objetividad alguna, de modo que no sería un juicio justo que el inspector no respondiera y aclarara los extremos antes del juicio, sino además a efecto de que las pruebas de cargo que pretenda usar, si pudieron o no ser realizadas falsa y espuriamente por el informante anónimo y ’su cuadrilla’», dice en el escrito.

Curiosidades con los anónimos

Que uno de los dos anónimos de esta trama fuera enviado a la prensa y alguien lo hubiera hecho llegar al inspector de Asuntos Internos el día antes de su publicación es otra «curiosidad» que se muestra en este escrito.

Cree el letrado que suscribe este escrito que «las heridas» causadas a la institución policial por los funcionarios que se han amparado en el anonimato «no se cerrarán hasta que sean identificados, juzgados y condenados».

Sobre la autoría de esos anónimos se apunta a los gemelos Bernardo y Roy D. L. en la investigación de otro juzgado. En esos dos escritos, dirigidos en un caso a Asuntos Internos y en otro a medios informativos, se apuntaba a la existencia de una trama de corrupción en la comisaría que incluía la sustracción de armas para su venta a terceros, sugiriendo falsamente que incluso una de ellas se había utilizado para matar a una policía en un atraco en Vigo. En el caso de drogas, como ahora censura este abogado, no se hicieron gestiones para llegar a los autores.

Más declaraciones de investigados en el procedimiento sobre tráfico de estupefacientes

Son dieciséis los investigados en la variable de tráfico de drogas, que es una de las cuatro causas abiertas que atañen a la comisaría de Ourense. Entre ellos figuran cuatro de los policías que en noviembre del 2015 formaban el grupo de estupefacientes de la comisaría, señalado en uno de los controvertidos anónimos, cuya autoría se atribuye en una investigación del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense a los dos policías gemelos. En el caso de las drogas, está previsto que en los próximos días preste nueva declaración Josefa, supuesto centro de la trama de distribución de estupefacientes, aunque cuando fue detenida no se le ocupó droga alguna en su poder. También acudirán el exjefe del grupo de drogas de la comisaría y uno de los agentes, con el fin de aclarar, a petición propia, aspectos del contenido de las conversaciones telefónicas interceptadas por Asuntos Internos durante varios meses de escuchas.

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