Un juez obliga a revisar la licencia del párking de la plaza de San Antonio

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE

OURENSE CIUDAD

Santi M. Amil

La sentencia concluye que el carácter público del subsuelo es «indiscutible»

16 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La concejala de Urbanismo del anterior gobierno socialista del Concello de Ourense, Áurea Soto, fue absuelta del delito de prevaricación del que Democracia Ourensana la acusaba por no recuperar la titularidad del subsuelo de la plaza de San Antonio. Aunque no existían responsabilidades penales, lo cierto es que la licencia concedida en su día para el párking allí instalado debe ser revisada. Así lo acuerda una sentencia conocida ayer.

Ese fallo, del Juzgado contencioso-administrativo número dos de la ciudad, hace referencia a un proceso iniciado con anterioridad al abierto por la vía penal contra Áurea Soto. Hasta que se resolvió ese asunto, el otro quedó paralizado y ahora se conoce la resolución al respecto. Concretamente, los denunciantes pedían que el Concello revisase las licencias de legalización concedidas en el año 2007 para el párking. Sus reivindicaciones han sido atendidas ahora por el Juzgado.

La sentencia le da tres meses al gobierno local para «iniciar, tramitar y resolver» la solicitud de revisión de oficio de las licencias que solicitaban los denunciantes. «Constituye un hecho cierto e indiscutible el carácter público del subsuelo de la plaza de San Antonio, siendo una cuestión sobre la que no cabe debate alguno en este procedimiento, dado que ningún cambio normativo se ha producido en la zona que permita llegar a otra conclusión», dice el fallo del Juzgado contencioso-administrativo.

Recurso

Aunque los denunciantes solicitaban directamente la anulación de las licencias, el juez decidió no entrar en ese asunto. «Será en el procedimiento de revisión de oficio que se tramite conforme a esta sentencia, en el cual, además de decidir acerca de la nulidad del acto, podrán alegarse por los interesados buena parte de las cuestiones planteadas en el presente recurso contencioso-administrativo, como la caducidad de la acción pública de la demandante o la inexistencia de infracción, entre otras, sin que sea necesario entrar a examinar las mismas en la presente sentencia», dice el fallo conocido ayer, que alude a que la jurisprudencia «es clara al respecto».

Pese a todo, el abogado de los denunciantes, Antonio Feijoo Miranda, no descarta presentar un recurso. «Consideramos que son licencias nulas de pleno derecho porque la plaza es pública en superficie y en subsuelo, y por lo tanto no se puede legalizar una ocupación de un suelo público por particulares o empresas que se lucran con su explotación. El único modo de que pueda obtenerse un aprovechamiento en el subsuelo publico es por vía de concesión administrativa, pudiendo concurrir todos los interesados que lo deseen», dice el letrado, que alude a varios informes de técnicos municipales que en los últimos años han advertido de esta situación. De hecho, el Concello de Ourense denegó recientemente por ese motivo la licencia solicitada por la Tesorería General de la Seguridad para ocupar los bajos que existen en esa misma plaza de San Antonio.

Polémica constitución de la comisión sobre permisos urbanísticos

Además de darse a conocer la sentencia que obliga a revisar el permiso concedido al párking de la plaza de San Antonio, ayer precisamente se constituyó la comisión de investigación sobre el servicio de licencias y disciplina urbanística. Pese a que la primera reunión sirvió únicamente para fijar la periodicidad de sus sesiones y quiénes asistirán, la comisión sirvió para escenificar un nuevo enfrentamiento entre el gobierno local del PP y Democracia Ourensana, el partido que reclamó esta investigación. El portavoz del ejecutivo popular, José Araújo, arremetió contra DO por sus «mentiras e falsidades» respecto a este asunto. Se refería al escrito enviado por Democracia Ourensana a la institución del Valedor do Pobo denunciando la demora en convocar la comisión. El partido de Jácome negó esas acusaciones y culpó a Araújo de pretender que ese órgano se reuniese cada seis meses. Finalmente, la próxima sesión tendrá lugar dentro de un mes.