Ourense en Común traslada el caso a la Fiscalía al entender que puede vulnerar el Código Penal. Piden que imponga el apagado de los equipos como medida cautelar
10 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Era cuestión de tiempo que la polémica generada por la instalación de cuatro pantallas digitales de grandes dimensiones en la ciudad traspasara el ámbito administrativo y político para llegar al judicial. Las primeras alegaciones a nivel particular de un Policía Local pusieron en alerta a los grupos de la oposición, que clamaron contra los equipos por supuestamente poner en riesgo la seguridad del tráfico. Ourense en Común ha sido el primero en enfilar el camino del juzgado. Según explicaron a través de un comunicado, presentaron a principios de semana ante la Fiscalía una denuncia por presuntas irregularidades en la instalación de los paneles digitales. Considera la marea que el gobierno local pudo vulnerar el artículo 385.1 del Código Penal al poner en riesgo la seguridad del tráfico.
En su escrito de denuncia, Ourense en Común pide al fiscal que investigue el «grave risco de producirse un accidente» y denuncia la sucesión de acontecimientos que marcaron la adjudicación: «Desde a redacción do prego, que incumpre a propia ordenanza do Concello que regula a publicidade exterior, e pasando pola modificación en Xunta de Goberno Local, dunha das cláusulas do contrato, a referida á ubicación das pantallas», explican.
Entre las medidas que piden al fiscal, a la espera de que analice su denuncia, Ourense en Común propone que estime la posibilidad de apagar las pantallas como medida cautelar mientras se investiga la causa. Esta denuncia judicial de Ourense en Común se suma a las críticas que han recibido las pantallas digitales por diferentes colectivos, desde grupos políticos a sindicatos policiales.
En el centro del debate se encuentra un informe policial elaborado el pasado 21 de febrero y que ha estado sujeto a diferentes interpretaciones. El gobierno del PP considera que ese informe, al igual que el resto de los emitidos por la Xunta o Patrimonio, dan luz verde a la instalación de los equipos electrónicos. Es un criterio que no comparten, por ejemplo, desde el sindicato SPPME. Consideran que el informe emitido por sus compañeros deja constancia expresa de que las pantallas digitales no pueden orientarse directamente hacia el foco de visión de los conductores. Entienden que es algo que no se ha cumplido en ninguna de las que están instaladas hasta el momento en las inmediaciones del pabellón de Os Remedios, el entorno del centro comercial Pontevella y la praza de Bispo Cesáreo.
Alegaciones desestimadas
Al margen de lo que suceda en la vía judicial, el recorrido administrativo de las pantallas judiciales estaba pendiente de una batería de alegaciones presentadas por un agente de la policía local, a título individual. Según explicó la concejala de Comercio en funciones, Ana Morenza, las quejas ya fueron rechazadas por parte del gobierno municipal, a raíz de la petición de una serie de informes a los departamentos correspondientes.