El juez insiste ante el Gobierno para reclamar la extradición del auditor Alberto López
OURENSE CIUDAD
En el mismo juzgado de Instrucción 2 que sigue el caso de la ayuda a domicilio ya tiene el empresario una orden de prisión
04 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Se inició en el 2012 la instrucción del caso de ayuda a domicilio. El juez Luis Doval, que heredó el asunto al haber pasado su antecesor Antonio Piña a la Audiencia de Ourense, acaba de cerrarla. El auto que ordena la continuación por los trámites del procedimiento abreviado limita las presuntas responsabilidades penales a la exconcejala Marga Martín y a los empresarios José Fermín Troncoso y Alberto López, los dos exsocios de la UTE Troncoso Saludges, que gestionó este servicio en la etapa discutida del 2007 al 2011. De las diligencias 4196/2012 se han ido descolgando hasta seis personas que en algún momento estuvieron en la causa en calidad de imputados/investigados. El archivo para ellos es definitivo. Es provisional, sin embargo, en el caso de la última funcionaria que se mantenía en idéntica situación y del exalcalde Francisco Rodríguez. Los previsibles recursos contra este auto, por parte de la fiscalía y de los abogados de José Troncoso y Marga Martín, dejan a la Audiencia la decisión de decir quién irá al banquillo por las presuntas irregularidades en la facturación y prestación de servicios efectivos.
Sin abogado ni procurador
Con todo, la actuación de uno de los implicados, Alberto López, puede enredar y retrasar aún más una instrucción que pasó por distintos avatares y se vio penalizada por el cambio de juez, al verse el nuevo titular en la obligación de estudiarlo desde el inicio. Sin abogado ni procurador en la causa, al haber renunciado uno y otra, la resolución no se le ha podido notificar.
El magistrado, de hecho, ha dictado una providencia para interesar del Ministerio de Justicia información sobre el estado en el que se encuentra su petición del pasado mes de mayo para que el Gobierno reclame de Venezuela la extradición de Alberto López, sobre quien pesa una orden de ingreso en prisión por otra causa. A López, en otra causa diferente, se le vincula con la desaparición de los fondos de la cuenta de un procedimiento concursal del que era administrador. Desaparecido desde el verano, pesaba sobre él una orden internacional de detención. Localizado en Venezuela, la policía de este país comunicó su situación, aunque desde abril no se tiene en el Juzgado de Ourense noticia alguna sobre su paradero, ni siquiera sobre su situación, si permanece en prisión o quedó en libertad, a la espera de que las autoridades venezolanas autoricen su extradición a España.
La fuga de López ha elevado de forma sustancial el nivel de sospecha sobre él, en la misma proporción que suaviza la de José Troncoso, quien en todo momento ha mantenido que él ha sido una víctima más de su exsocio.
El instructor mantiene en el auto notificado el miércoles que, siendo López gerente de la UTE, intervenía Troncoso en la gestión ordinaria y en la toma de decisiones relevantes.
A salvo del impacto que pueda tener la ausencia de López para la tramitación de la causa, defensas y fiscalía deben formalizar sus recursos la próxima semana.
De la malversación de caudales a la estafa y el fraude
Ciñe el juez Luis Doval los indicios de actividad delictiva a la exconcejala Marga Martín y a los dos exsocios de la empresa. A la hora de relacionar los delitos, sin perjuicio de la calificación que deberá hacer la fiscalía llegado el momento procesal oportuno, el instructor apunta a la estafa, la falsedad en documento mercantil, fraudes o exacciones ilegales y en el caso de la exconcejala malversación de caudales públicos.