El juez censura la descoordinación al rescatar a un accidentado que murió

El motorista herido dio aviso por teléfono y se le localizó más de tres horas después de su primera llamada


ourense / la voz

La Xunta «no actuó con el nivel de calidad mínimo exigible a los servicios de emergencia» con ocasión del operativo para la búsqueda de un motorista accidentado, localizado muerto más de tres horas después de que él mismo hubiese alertado telefónicamente del suceso. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Ourense ha fijado en 80.000 euros la indemnización a favor de la familia de fallecido, que perdió la vida el 12 de octubre del 2011, a un lado de una carretera comarcal en el municipio de Cenlle. A las 18.45 horas informó del accidente a una amiga y a las 18.54 fue alertado al 112. Hasta las 21.56 no fue localizado, según detalla la sentencia, y no gracias al operativo dispuesto, sino a la iniciativa personal de un conductor de ambulancia que buscó por su cuenta.

La víctima apareció a diez metros de la calzada, en un nivel inferior, por donde se salió la moto sin haber dejado marcas. Chocó contra un árbol. El teléfono quedó en poder del piloto y lo utilizó mientras estuvo en condiciones. Habló varias veces con el 061 y 112. Hasta 43 minutos quedaron registrados, pero fue inútil.

Constatado el «fracaso» del operativo y que la «coordinación se fue improvisando» entre los efectivos de la Guardia Civil y del Grumir de Ribadavia, como también que con «un elevado grado de probabilidad se podría haber salvado» de haberse localizado a tiempo al herido, que conducía con casco y sin presencia de drogas o alcohol en el organismo, el juez aprecia responsabilidad patrimonial de la administración. Ya entonces estaba en servicio el protocolo posic112v2, cuya función es precisamente la de localizar el lugar de origen de las llamadas entrantes, con los datos telemáticos de la propia comunicación.

En este caso, «la Xunta tardó más de una hora en indicarle a Ovidio que colgara el teléfono y llamara directamente al 112». El herido «obedeció y entonces se constató que con su llamada no aparecían los datos de localización», de acuerdo con la sentencia. Al juez Francisco de Cominges le resulta «sorprendente» que ante una eventualidad así no existiera alternativa en el servicio de emergencias. La responsabilidad de la administrativa viene dada, indica, «no porque el sistema automático haya funcionado mal, sino por no haber establecido un protocolo o guía de actuación alternativa para los supuestos (nada infrecuentes, según la Xunta) en los que dicho sistema no ofrece datos suficientes para localizar a la víctima». Un mecanismo de comunicación directa con la operadora del accidentado, «que sí puede localizar rápidamente el lugar de la llamada», sería una opción, dice el juez, quien, además, echa en falta en este caso «una mínima formación a los trabajadores que atienden las llamadas del 112 y del 061 a fin de poder indicarle directamente a la víctima los sencillos pasos que debe dar para conectar el Google Maps de su móvil o enviar la posición por whattsapp».

En la misma línea, al juez de lo contencioso le llama la atención que la Xunta de Galicia no hubiera pactado con las operadoras telefónicas una guía consensuada de cooperación para los casos en los que el sistema no ofrece información suficiente.

La Xunta ha

sido condenada

a indemnizar con 80.000 euros a la familia del fallecido

Hasta seis antenas de Vodafone daban cobertura para fijar el lugar con solo 50 metros de margen

Concede el juez especial relevancia al informe pericial aportado por el ingeniero de telecomunicaciones Fernando Isasi, de la Universidad de Vigo, designado por el propio juzgado. Un estudio de campo en el lugar le permitió constatar que el punto del accidente «se hallaba bajo la influencia de un mínimo de seis estaciones base de Vodafone», de manera que «la posición podía haberse estimado con precisión suficiente para haberlo localizado rápidamente». Con GPS, el error nunca sería superior a cincuenta metros. De este modo, al haber sido un siniestro de tráfico «solo podía encontrarse el accidente a pocos metros de una carretera, lo que restringe grandemente el área a buscar».

La sentencia, susceptible de recurso ante el TSXG, descarta la tesis de la administración, sin dejar de reconocer que en un primer momento actuó el 112 con «corrección y prontitud». La demanda pedía 115.000 euros.

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