Llevaba desde los trece años viviendo en España pero la iban a enviar a la República Dominicana
21 abr 2018 . Actualizado a las 18:06 h.Salvada por la campana judicial. Una mujer de origen dominicano, detenida el martes en Ourense desde donde el juez de guardia ordenó su internamiento en un centro de extranjeros, ha evitado su inminente expulsión a la República Dominicana gracias a la resolución de una magistrada de Pontevedra. Allí había presentado su abogada un recurso contencioso administrativo contra la orden de expulsión decretada por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que le impediría volver a entrar en España durante cinco años.
Su abogado de oficio en Ourense se esforzó por demostrar al juez de Instrucción 1 de Ourense, ante el que fue puesta el miércoles a disposición tras su detención, que la arrestada tenía a toda su familia en España -madre y hermanos con nacionalidad española, además de su pareja- y que expulsarla a la República Dominicana sería «mandarla a la muerte». No tuvo éxito en esta demanda ni aludiendo al recurso contencioso de Pontevedra que estaba pendiente de resolver -el asunto estuvo parado por la huelga de funcionarios- con la medida cautelar solicitada en él de suspender la expulsión.
La mujer llegó a España con trece años, donde ya residía su madre, que la trajo en un reagrupamiento familiar. Su progenitora consiguió la nacionalidad española, al igual que los cuatro hermanos de la chica. Sin embargo, esta, por diversas vicisitudes y limitaciones personales, no llegó a tramitarla. Se encontraba sin documentación, tal como un permiso de residencia vigente o DNI, que acreditase su estancia legal en España, el único país que había conocido desde que llegó siendo niña.
Inicialmente, el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra tramitó la petición por el cauce ordinario y la medida cautelar solicitada no se había resuelto. Sin embargo, ante la circunstancia de la detención y de su internamiento en un CIE de Madrid, desde donde iba a ser expulsada en cualquier momento, sus abogados de oficio, en Ourense y en Pontevedra, hicieron todas las gestiones posibles para sacarla del embrollo.
La chica, residente en Tui y antes en Madrid, estaba casualmente, de paso, en Ourense el martes pasado. Ella misma fue quien llamó a la policía, contó a La Voz su abogado ourensano. Los agentes comprobaron que no tenía documentación y que tenía una orden de expulsión desde el mes de febrero por lo que la detuvieron.
En Pontevedra, la letrada presentó ayer un escrito informando de las últimas novedades y la jueza fue sensible. Dictó un auto en el que dispone que se suspenda la resolución de la Subdelegación que ordenaba la expulsión. Trataba así de evitar «situaciones irreversibles». Y la jurisprudencia avalaba que el arraigo de un ciudadano extranjero en España es suficiente para suspender su expulsión. El procedimiento continuará pero Rafaela no tendrá que dejar España ahora.