La cuarta parte de los conductores que en marzo dieron positivo en alcohol acabaron en el juzgado

La Voz OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

MARCOS MÍGUEZ

De las 7.762 pruebas, 108 conductores fueron denunciados, en unos casos por infracción administrativa y cuatro de ellos por la vía judicial

14 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense realizó durante el pasado mes de marzo un total de 7.762 pruebas de alcoholemia, de las cuales dieron resultado positivo y fueron denunciados un total de 108 conductores. Trece de las situaciones fueron detectadas después de haberse producido accidentes de circulación, siete afloraron al haber incurrido los conductores en la comisión de infracciones y los otros ochenta y ocho corresponden a actuaciones en controles preventivos rutinarios.

Casi una cuarta parte de los positivos, veinticuatro sobre ese total de 108, fueron puestos a disposición judicial como investigados por la posible comisión de sendos delitos contra la seguridad vial, ya que la cantidad de alcohol ingerida arrojaba una tasa superior a 0.60 miligramos por litro de aire espirado. A partir de esa cifra abre el Código Penal el camino a la condena por delito.

De forma pararela a los controles de alcoholemia, en el mes de febrero se mantuvieron los planes de vigilancia sobre el consumo de drogas. Se hicieron 155 pruebas y como consecuencia de ellas fueron denunciados 45, lo cual supone que en tres de cada diez casos en los que los agentes sospecharon de un consumo previo de estupefacientes se había producido ese hecho.

Preocupación por las drogas

Este dato «pone de manifiesto un notable aumento del consumo de drogas durante la conducción», según subrayan desde la Guardia Civil de Tráfico, que está intensificando este tipo de controles, «con objeto de retirar de la circulación a aquellos conductores que ponen en peligro su vida y la de los demás usuarios de las carreteras», según resaltan fuentes de la Guardia Civil.

La sanción por conducir con alcohol o drogas en el organismo es de 1.000 euros y pérdida de seis puntos en el carné de conducir. En el caso de que sea constitutivo de delito, la pena es de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, subraya la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa con los datos del mes.