Pagará 200 euros al mes durante 18 años por varios incendios forestales

p. s. OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

Álvaro Vaquero

La Audiencia acepta las cuotas y un penado con 4 años de cárcel evita volver a Pereiro

05 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

A doscientos euros al mes, al ourensano Santiago B. L. le harán faltan varios años para poder saldar su deuda con la Xunta de Galicia. De no surgir dificultades, pagando esa cantidad, necesitará más de dieciocho años para dejar a cero la cuenta de 45.145,78 euros que tiene con la administración autonómica. Es parte del castigo que le impuso la Audiencia Provincial de Ourense, en concepto de responsabilidad civil por varias decenas de incendios forestales. Cada año, 2.400 euros.

Con dos juicios el pasado verano, el caso de Santiago B. L. es de los contados que llegan a la Audiencia Provincial. La mayoría son imprudencias y se ventilan en los juzgados de lo penal.

El caso que afecta a este hombre, tanto en pasado como en presente, es singular. Muestra una realidad que se aleja de tramas y conspiraciones, a mucha distancia de las genéricas propuestas de endurecimiento de las condenas para los autores de incendios, hasta llegar, como plantea el Gobierno del PP, a la prisión permanente revisable para los supuestos que potencialmente parezcan más graves.

Dieciséis incendios

Este ourensano acumula dos condenas, cada una de ellas con una pena de dos años de prisión. Estuvo en Pereiro entre el 17 de junio del 2016 -a raíz de su detención por una serie de fuegos de los que tiempo después se confesó autor- y el pasado 28 de septiembre, fecha en la que acudió a la Audiencia para zanjar el segundo de los dos procedimientos abiertos por incendios forestales. Volvió a conformarse. Entró esposado y salió libre. Llegó luego la petición de suspensión de la pena de prisión, que planteó sus defensa. Prosperó, igual que ya había ocurrido en julio, cuando se la concedieron por la primera causa. La Audiencia, que en un primer momento la denegó, rectificó y acogió el recurso de súplica, tras valorar el «esfuerzo económico» que hará el autor de dieciséis incendios forestales entre los años 2015 y 2016, que afectaron a varias decenas de hectáreas, para hacer frente a la responsabilidad civil. En febrero empezó a pagar 200 euros al mes. Es más de la tercera parte de lo que cobra como auxiliar de enfermería hospitalaria en un centro de titularidad privada.

Esfuerzo económico

La Audiencia pondera, en el auto de suspensión de la ejecución de la condena de prisión, el «esfuerzo económico» que hará el acusado, que aportó como dato relevante para reforzar su petición, su voluntad para «reparar el daño causado». Había empezado a trabajar y ya no era insolvente.

La sala, en el mismo auto de concesión de la suspensión de condena en cuanto a la prisión, aprecia una «expectativa razonable de que la ejecución de la pena de dos años de prisión no es necesaria para evitar la comisión futura por parte del penado de nuevos delitos». Estiman que cobra su nueva actividad laboral «singular relevancia en un propósito serio de reinserción social».

La fiscalía, de acuerdo

Este ourensano acumula dos condenas, cada una de ellas con dos años de prisión. Aceptó ambas, conformándose con las peticiones de pena planteadas por el ministerio fiscal, que tampoco se opuso a la suspensión, ni en julio ni en diciembre, cuando se tramitaron las dos ejecutorias.

En este caso, como es relativamente frecuente en buena parte de los procedimientos penales que se siguen por incendios forestales, los particulares perjudicados desistieron de presentar reclamación alguna. No así la Xunta, que presentó la factura correspondiente a los gastos de extinción por la intervención de sus servicios. En la primera de las sentencias, también la mancomunidad Terras de Celanova y el Concello de A Merca presentaban facturas por 1.540 euros y 70 euros, respectivamente.

Los incendios de los que se confesó autor este hombre afectaron a montes de Cartelle, Celanova, Barbadás y San Cibrao das Viñas en junio del 2016, con otros en Pereiro de Aguiar y Ourense en agosto del año 2015.

Libertad vigilada con el compromiso de tratamiento psicológico y psiquiátrico

Aparte de los doscientos euros mensuales por la responsabilidad civil, la Audiencia Provincial ha impuesto a este autor confeso de dieciséis incendios la necesidad de cumplir con la medida de libertad vigilada con obligación de someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico impuesto en la condena de conformidad. Hizo notar la defensa del acusado, para apoyar la petición de que se suspendiera el cumplimiento efectivo de la pena de cárcel, que su libertad le permitía iniciar el tratamiento y, de ese modo, se podría «evaluar la evolución del penado en relación al trastorno mixto de personalidad que padece». Esta circunstancia fue valorada por la fiscalía para rebajar la petición inicial de condena. Teniendo en cuenta que el acusado llevaba más de un año en prisión preventiva, la perspectiva de no volver a Pereiro hizo que se conformara.

Necesaria para la rehabilitación

La Audiencia Provincial, al aceptar la suspensión de la ejecución de condena, deja claro que la considera «necesaria para su rehabilitación social y para evitar la comisión de nuevos delitos», contando con la eficacia del tratamiento ambulatorio al que se somete el penado.

Sea como fuere, la suspensión de las condenas añade en primer caso que se suspenderá por un período de tres años, que son cuatro en el segundo y más reciente, que no se resolvió de forma definitiva hasta este año.

En las autos de las dos ejecutorias seguidas en la Audiencia Provincial, en las que está personada la Xunta como acusación, no consta intervención alguna de la administración autonómica.