Una baja maternal crea incertidumbre en los plazos para incorporar 9 policías
OURENSE CIUDAD
El tribunal tendrá que valorar si aplaza las pruebas físicas de una de las aspirantes
22 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El guion de las ofertas públicas de empleo de los años 2013 y 2014 para cubrir once vacantes -nueve de ellas mediante una oposición abierta y dos más por movilidad- de la Policía Local de Ourense va para película de suspense. Tras superar todas las vicisitudes administrativas y políticas que hicieron que se acumulara un retraso de cinco años en el primero de los casos y de cuatro en el segundo, ahora el proceso se enfrenta a una nueva incógnita que puede acabar por demorar la incorporación de los nueve agentes policiales que tan necesarios son en un cuerpo de seguridad que está bajo mínimos en la capital ourensana.
Una de las aspirantes se encuentra en la actualidad de baja maternal y solicitó por escrito y formalmente el pasado 2 de febrero al tribunal que se encarga de este proceso que suspendiera provisionalmente el concurso hasta que pudiera realizar las pruebas físicas. En un escrito elaborado el 15 de febrero, el tribunal optó por mantener la fecha de la primera de las convocatorias, el examen teórico para el 20 de febrero en el Auditorio de Ourense. Su argumento se basó en que el proceso selectivo cuenta con pruebas eliminatorias y que, previamente a las físicas, la candidata tendrá que superar una de conocimientos y otra más de gallego.
Esta decisión, sin embargo, no zanja la incertidumbre. En caso de que la aspirante logre superar estas dos primeras fases teóricas, el tribunal tendrá que volver a reunirse para tratar el asunto. Así lo reconoce en un escrito remitido a la afectada: «En el caso de que supere las pruebas previas a la realización de los exámenes físicos, será tenida en cuenta su especial situación en relación con el precepto legal decidiendo en ese momento si las citadas pruebas se aplazan o no y durante cuánto tiempo».
La resolución es la misma para los dos procesos abiertos por el Concello para la OPE del 2013 y del 2014, ya que la mujer que acaba de dar a luz se ha presentado a las dos convocatorias y pidió la suspensión temporal de ambas. La normativa a la que se refiere el tribunal es la Ley 4/2007, del 20 de abril de Coordinación de Policías Locales. En el apartado 2 del artículo 12 del Decreto 243/2008 indica: «Nos casos de aspirantes embarazadas, ou en período de parto ou posparto, debidamente acreditados, poderase aprazar para as aspirantes en que concorra dita circunstancia ata en seis meses o desenvolvemento das probas físicas que lles correspondese efectuar, prazo que podería prorrogarse como máximo outros seis meses en caso xustificado. Este aprazamento das probas físicas non afectará por si só ao resto». Es decir, que en el peor de los escenarios y si el tribunal lo considera justificado, los exámenes físicos a esta candidata podrían llegar a aplazarse hasta un año.
Este caso ya provocó una primera demora, toda vez que se aplazó casi un mes el examen teórico. Fuentes municipales explican que se tomó esa decisión por riesgo de impugnación y al descartar la opción de realizarle la prueba en un centro médico al mismo tiempo que al resto de los aspirantes. Las mismas fuentes entienden que el caso de las pruebas físicas sería distinto, ya que no existe ningún temario que pueda causar perjuicio a unos candidatos sobre otros y además no existen notas, es decir que simplemente se declara apto o no apto al participante.
En cualquier caso, desde el Concello de Ourense se es consciente de que si la aspirante supera esta primera criba y logra un aplazamiento de los exámenes físicos, la resolución final de designación de plazas debería demorarse hasta que la mujer hiciera su examen.
Una prueba exigente
De acuerdo con los plazos que maneja el Concello de Ourense para el proceso de selección de policías, las pruebas físicas tardarán en realizarse todavía. Hay que recordar que la baja por maternidad está estipulada en 18 semanas y que en ese período es probable que todavía no se haya resuelto el período de alegaciones y publicación de notas del examen teórico. El proceso para hacerse con una plaza de la Policía Local de Ourense está reglado y es el mismo para toda Galicia. Establece un examen tipo test con 100 preguntas y de gallego, prueba física, psicotécnico y reconocimiento médico. De acuerdo con la normativa, los aspirantes a policía tendrán que superar una marca mínima en una carrera de velocidad de 50 metros y en otra de 1.000 metros, una prueba de natación, salto de longitud y diez dominadas.
Un sindicato policial va al contencioso por «flagrantes incumprimentos»
De forma paralela a la celebración de las pruebas para dotar de nuevos policías locales a Ourense, un sindicato policial (Sindicato Profesional de Policías Municipales de España) tiene abierto un contencioso contra la oferta pública del 2013 y del 2014. En el segundo caso está fijada una vista para el próximo 13 de marzo en el Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense. El recurso del SPPME se basa en una serie de «flagrantes incumprimentos» de la normativa. El primero de ellos es que el Concello promueve la cobertura de plazas sin aprobar el Plan Económico Financiero por el pleno y no realizó «con carácter previo» una serie de justificaciones que avalen la convocatoria de las plazas y que no se superan los límites que fija la ley o que no incumple el principio de estabilidad presupuestaria. Es por ello que solicitaban la anulación o suspensión del proceso para no caer en «nulidade de pleno dereito». También alegan que el proceso de convocatoria ya está caducado.
El interventor, disconforme
Entre la documentación que lleva al juzgado el sindicato SPPME se encuentran sendos reparos del interventor municipal a las convocatorias del año 2013 y del 2014. El alto funcionario fiscalizó de «disconformidade» la propuesta de aprobación de las bases por la falta de concurrencia de presupuestos «fácticos e xurídicos habilitantes» para formalizar el proceso. En todo caso, el interventor ya aclaraba que la nota de reparo no suponía la paralización de la tramitación del expediente, ya que las bases prevén un sistema de fiscalización limitada en lo que se refiere a los gastos de personal.
Desde el gobierno local siempre se han rechazado estos recursos y se ha cuestionado la labor del sindicato SPPME.