Los acusan de vender patrimonio para evitar pagar 4,3 millones a acreedores
OURENSE CIUDAD
La vista contra los cuatro acusados de alzamiento de bienes se suspendió a causa de la huelga de funcionarios de justicia
21 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La fiscalía considera que los tres miembros de una familia realizaron distintas operaciones de venta de activos, incluyendo vehículos y fincas, «con el ánimo de proteger sus patrimonios y en perjuicio de los acreedores de la empresa MGR Áridos y Viales, que, tras declararse en concurso, tiene una deuda de 4,3 millones de euros». La acusación se extiende a una cuarta, que supuestamente participó en la compraventa ficticia de una finca.
La vista oral del caso, por un delito de alzamiento de bienes, se suspendió ayer por la huelga de los trabajadores de la administración de justicia. Cada uno de los cuatro acusados se enfrenta a peticiones de condena de dos años y seis meses de prisión y multa de 3.240 euros. El ministerio público solicita también la nulidad de distintas escrituras de donación y venta realizadas por los acusados Obdulia V. G. y Agustín R. V., capitulaciones matrimoniales de la primera, el contrato entre Obdulia y la también investigada María Gloria F. T., junto con otras escrituras de donación y mejora de herencia.
Esta causa arrancó en 2013 en el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense. La empresa dejó de abonar salarios a sus trabajadores en julio del 2011. Los juzgados de lo social de Ourense atendieron las demandas de los empleados y uno de ellos decretó en febrero del 2012 un embargo sobre una serie de vehículos de la empresa para garantizar la deuda de los trabajadores. Al ser notificada solo había uno, que fue precintado en Astorga. De ese modo, es el propio juzgado el que declara la insolvencia de la empresa.
La fiscalía mantiene que los acusados, con pleno conocimiento de la situación, vendieron esos vehículos «con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito y en perjuicio de los trabajadores». Resalta el ministerio público cómo, aparte de las ventas, «procedieron a la ocultación de once vehículos más que no pudieron ser encontrados».
Posteriormente, a través de «operaciones ficticias», según la interpretación que hace la fiscalía, al amparo de unas capitulaciones matrimoniales entre Obdulia y su fallecido esposo se adjudicaron las acciones de la empresa (ya insolvente en el ejercicio del 2010) al hombre, mientras que a la mujer le corresponderían bienes inmuebles. El resto de las ventas se hicieron desde octubre del 2011 para disminuir el patrimonio inmobiliario.