Tres meses de prisión por enterrar 95 toneladas de restos industriales tóxicos

El retraso injustificado de la tramitación del caso sirvió al acusado como atenuante


ourense / la voz

Una intervención de la Guardia Civil permitió descubrir en enero del 2012 cerca de cien toneladas de restos industriales enterrados, de forma irregular e ilegal, en un foso situado al lado de las instalaciones de Industrias Químicas Gallegas «Iqugasa» en San Cibrao das Viñas. Se abrió en el juzgado de Instrucción 2 de Ourense un procedimiento por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El caso quedó zanjado ayer con una sentencia de conformidad. El retraso en la tramitación de la causa ha beneficiado al acusado, Placer Méndez, que era el gerente de la empresa al ocurrir los hechos. El reconocimiento de las «dilaciones indebidas» pesa como atenuante muy cualificada, como la fiscalía reconoció, por lo que la condena ha quedado en tres meses de prisión, muy lejos de los tres años y nueve meses de cárcel que había pedido la fiscalía cuando se calificaron los hechos en junio del 2016.

La sentencia constata que desde la comisión de los hechos, en la primavera del 2011, se han producido retrasos en la tramitación del procedimiento «que no guardan proporción en la complejidad del mismo y no son imputables a los acusados». Se hace notar, además, que estos, tanto el exgerente como la empresa en calidad de responsable civil, han restaurado el equilibrio ecológico, según consta en informes incorporados a la causa.

Fosa con restos

La condena tiene su origen en el descubrimiento en una fosa de restos de plásticos, chatarra férrica, bidones metálicos, botes de pintura y otros residuos tóxicos y contaminantes de la fábrica de pinturas, esmaltes y barnices Iqugasa, situada en la N-525, en el municipio de San Cibrao.

Una vez constatada la existencia del foso, en una finca anexa a la fábrica, se procedió al desenterramiento de los residuos entre finales de enero y el primer día de febrero del 2012. Se extrajeron en distintas intervenciones, la más grande de 28.760 kilos y la menor de 64 kilos. En total, suman más de 95.000 kilos.

Dosis altas de arsénico

Los análisis posteriores determinaron la presencia de distintos compuestos y principios, como arsénico, «que determinaron la producción de un impacto ambiental grave como consecuencia del soterramiento de residuos y una grave afección sobre el territorio y los elementos y procesos naturales de su entorno, afectando a los terrenos anejos con usos agrícolas y ganaderos».

Requerimientos de la Xunta

Al margen del procedimiento judicial penal, la Xunta incoó expediente sancionador. Tras varios requerimientos recibió la administración en abril del 2013 un informes con los resultados de análisis que mostraban la superación de los niveles de arsénico tanto para industria como para cualquier otro uso. Tampoco en el 2014 respondió la empresa de forma satisfactoria a la Xunta, pues su informe de valoración de riesgos presentaba «grandes deficiencias», sin cumplir lo requerido. Eran entonces «notoriamente insuficientes las actividades realizadas por la empresa en orden a la recuperación del terreno y reparación del daño causado, teniendo que reiterar los requerimientos», aunque finalmente fueron atendidos.

Causó alto impacto ambiental y afectó a terrenos próximos para uso agrícola

y ganadero

La petición inicial de condena era de tres años y nueve meses de prisión, aparte de multas

La propuesta de condena que planteó el ministerio fiscal en su escrito de acusación detallaba tres años y nueve meses de prisión para el imputado, para quien, además, reclamaba una multa de 16.200 euros (dos años con una cuota diaria de treinta euros), aparte de la inhabilitación para el ejercicio de todo cargo o profesión durante tres años.

La solicitud de pena añadía para la empresa una multa 72.000 euros (dos años con cuota diaria de cien euros), con la posibilidad de acordarse su intervención para el caso de que no fuera satisfecha. En cuanto a la responsabilidad civil, acusado y empresa quedaban obligadas a restaurar a su cargo el equilibrio ecológico perturbado, para lo cual debería detallar las actuaciones realizadas a tal efecto. La condena, aparte de los tres meses de prisión, limita las multas a 300 euros para el acusado y 4.500 euros con cargo a la empresa, aparte del abono de costas procesales.

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