Los afectados por el cierre de Aspanas ven un «paripé» el papel del Concello en Untes

Aseguran que la concesión del recinto y de la zona termal de Outariz eran «golosas» para otras empresas del sector


ourense / la voz

El cierre del cámping de Untes puede volver al juzgado. Tras la maniobra del Concello de Ourense en el contencioso-administrativo para entrar en la instalación, ahora es la asociación de afectados de Aspanas la que amenaza con denunciar la posible falta de material de la instalación, que pese a la rescisión del contrato siguen considerando como de su propiedad. La plataforma entiende que la acción en el juzgado del gobierno local para poder acceder a la instalación no es más que un «paripé» para tapar unos supuestos intereses en conceder la adjudicación a un empresario. «Tiña case pechada a concesión, tanto é así que lle permite entrar no cámping para retirar o material de cociña», explicaron a través de un comunicado.

Los integrantes de la asociación de afectados de Aspanas Termal también piden explicaciones a la institución municipal sobre por qué un empresario «ten as chaves para poder entrar nas instalacións a retirar o material da cociña, cando aínda hai traballadores que non cobraron os seus salarios».

La plataforma también hace referencia a que las concesiones del cámping y de la zona termal de Outariz son «golosas» y que habría intereses de terceros para hacerse con su gestión. «Sempre tivemos claro que o peche do Centro Especial de Emprego de Aspanas Termal foi intencionado e obedecía a intereses de terceiros», concluyen.

El futuro

El gobierno local se plantea como un reto resucitar la instalación situada en las riberas del río Miño. Para ello trabaja en la elaboración de un informe sobre la situación actual en la que se encuentra el recinto, tal y como le encomendó el juzgado. Además, solicitó un informe externo para adaptar el recinto a las actuales condiciones urbanísticas y para que se plantee un rediseño del cámping tras una etapa poco exitosa bajo la gestión de Aspanas Termal.

La entrada forzosa al recinto por mandato judicial fue el paso que buscó el Concello de Ourense tras las reiteradas negativas de la administración concursal a entregar las llaves de la instalación tras rescindirse el contrato.

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