Más de un centenar de ourensanos reclamaron por el cobro de impuestos

El Tribunal Económico-Administrativo es un órgano que depende del Concello de Ourense, aunque tiene libertad de movimientos para tomar sus resoluciones al contar con una independencia técnica. Se trata de una figura obligatoria y que es desconocida por la mayoría de los ciudadanos, pese a que muchas de sus reclamaciones pasan por sus manos.

De acuerdo con la última memoria de este órgano, la tendencia de las quejas formales tramitadas ante la Administración local van en descenso una vez superada la vorágine de la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que disparó las acciones administrativas y judiciales por parte de particulares y especialmente constructoras para reclamar tasas cobradas con arreglo al planeamiento caído. Según el informe del año 2016, las registradas en ese ejercicio fueron 104, mientras que el número de expedientes tramitados en las nueve sesiones celebradas fue de 121, toda vez que quedaban pendientes de ejercicios anteriores.

Un análisis de los datos por materias muestra que la mayoría de las diferencias de criterio entre el Concello y los ciudadanos tienen que ver con el cobro de los principales impuestos. En especial, el Impuesto de Bienes Inmuebles, que motivó la presentación de 21 escritos. En ese período también se comenzó a atisbar un problema que ha crecido en el último año en el Concello: las plusvalías, sobre las que se presentaron un total de 18 litigios. El cobro del gravamen de vehículos también genera tensión y motivó once reclamaciones. Las tasas municipales, por su parte, provocaron disconformidad entre los contribuyentes (19), al igual que las multas de tráfico que fueron las que consumieron más tiempo al Tribunal Económico-Administrativo, con 34 expedientes. En el caso de las tasas la mayoría de las reclamaciones están vinculadas a las terrazas, y en menor medida por el servicio de recogida de basura y el de lonjas, mercados y ferias.

La cifra se redondea con cuatro reclamaciones relacionadas en la petición de fraccionamiento del canon de una concesión administrativa, la petición de devolución de un precio público y un par de liquidaciones por ejecución subsidiaria.

Las pretensiones de los contribuyentes no tienen sencillo convencer a los miembros del tribunal. Así se desprende, al menos, del repaso de las memorias de los últimos años. En el caso del 2016, se desestimaron casi siete de cada diez. La estimación total llegó para el 11,6 % de los casos, mientras que el 3,6 % recibió el beneplácito parcial. Hubo hasta 15 en los que se produjo una inadmisibilidad por presentarse fuera de plazo las reclamaciones y por falta de competencia del Tribunal sobre la materia planteada.

Fuera del plazo de pago

Otro de los análisis que permite hace la memoria de este órgano colegiado del Concello de Ourense es sobre cuándo se presentan las reclamaciones por parte de los ciudadanos. En lo que se refiere al último año, se realizaron un mayor volumen de ellas durante el período ejecutivo (60) que durante el voluntario (53). Es decir, que en la mayoría de los casos se convierte ya en el último cartucho para tratar de evitar el pago de las tasas.

El órgano está sin secretario y su nombramiento necesita de mayoría en el pleno

La premisa básica del Tribunal Económico-Administrativo es garantizar la legalidad de las actuaciones tributarias y de la recaudación municipal, además de dar seguridad jurídica a los contribuyentes ourensanos. Se trata de un órgano obligatorio que se caracteriza, tal y como se recoge en cada una de sus memorias anuales, por su «independencia técnica, profesionalidade e gratuidade». Está presidido por el secretario del Concello de Ourense, Luis María Bermúdez, y cuenta con un vocal y un secretario. Este tercer puesto, vital para el funcionamiento del tribunal, se encuentra vacante desde finales de año. Su nombramiento es de libre designación, pero necesita el beneplácito del pleno del Concello de Ourense con una mayoría. Es por ello que el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, convocó la semana pasada a los portavoces municipales para buscar un consenso sobre el nombre que debería de ocupar este puesto. Según trascendió de la reunión, la persona propuesta desde la alcaldía es el que fuera jefe de Recursos Humanos durante el anterior gobierno socialista. Es, por tanto, probable que ambos partidos lleguen a un consenso para su designación.

Desde la oposición, en todo caso, se ha mostrado sorpresa por el hecho de que el puesto todavía esté sin cubrir y también se ha advertido de que estarán «vigilantes» para que el proceso se realice con todas las garantías, toda vez que la política de contratación es arma arrojadiza y de procesos judiciales.

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