La Fiscalía pide que continúe el proceso judicial contra Pachi Vázquez

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Álvaro Vaquero

El Ministerio Público quiere sentar en el banquillo de los acusados al ex alcalde socialista y otras cuatro personas más por un presunto delito de prevaricación continuada en la contratación de trabajadores en el Concello de O Carballiño

12 dic 2017 . Actualizado a las 10:09 h.

A pesar de haberse alargado en el tiempo más de tres años, la causa judicial iniciada contra el exalcalde socialista de O Carballiño Pachi Vázquez sigue viva en el Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad. El fiscal que se encarga del asunto ha solicitado ahora al juez que lleva el caso que se dicte auto de procedimiento abreviado contra todos los querellados, lo que supondría el paso previo para sentarlo en el banquillo de los acusados. El origen de todo, la política de personal que se mantuvo en el Concello carballiñés entre los años 1999 y 2007. La acusación sostiene que se formalizaron sesenta contratos sin un proceso de selección que garantizase los principios de mérito y capacidad y que, además, se publicaron varios edictos por los que se convertía en trabajadores fijos a muchos de esos contratados.

A seis días de las primarias

del PSOE de Ourense

Además de sobre Pachi Vázquez, que en estos momentos aspira a convertirse en el secretario provincial de los socialistas ourensanos -las elecciones serán el próximo domingo, en primera vuelta-, la sospecha del ministerio público recae sobre Carlos Montes, quien lo sustituyó al frente de la alcaldía, y sobre tres ediles: María Elisa Domínguez, Alfonso Prado y José Antonio Barge.

Tras haber analizado la numerosa documentación aportada por los denunciados a la causa, en la que, entre otros argumentos, se relacionaba la falta de informes relacionados con los contratos con el desorden existente en el archivo municipal, el representante de la Fiscalía de Ourense que lleva este caso considera que no se han desvirtuado los hechos que se recogían en la querella inicial, por lo que interesa que el proceso avance y, si así lo autoriza el juez, se redacten los escritos de acusación. En todos los querellados se aprecia una conducta constitutiva de un delito continuado de prevaricación, penado con un máximo de diez años de inhabilitación.

«Las contrataciones de duración determinada realizadas por el Concello se hicieron prescindiendo total y absolutamente de un procedimiento a tal fin», asegura la denuncia, en la que se sostiene que esto «suponía una forma de actuar sistémica» y que «el único criterio de determinación de la contratación era un mero acto arbitrario de designación de los implicados, que firmaban directamente los contratos y las resoluciones que los justificaban aparentemente». Bajo esta forma de proceder se pudieron haber realizado sesenta contrataciones, tal y como explica el documento de la Fiscalía, que recoge que se obviaron «los elementales principios que rigen la contratación pública».

Cuando se presentó esta querella, en octubre del 2014, Pachi Vázquez era diputado por el PSOE en el Parlamento gallego. De ahí que, dada su condición de aforado, esta se diera a conocer ante el Tribunal Superior de Xustiza, que la admitió a trámite. Meses después, en mayo del 2015, Vázquez dejó su escaño para afrontar su procesamiento «coma un cidadán de a pé», lo que devolvió la causa a O Carballiño. La Voz intentó ayer sin éxito recabar la opinión de Pachi Vázquez sobre la decisión del fiscal. Cuando anunció su intención de presentarse a las primarias del PSOE ourensano, el mes pasado, sí se refirió a la investigación judicial en marcha: «Na vida todo pode influír».