La factura de los arreglos del camión de bomberos llega a la mesa del juez

Demandan al Concello de Ourense para que pague la restauración del coche de 1949


ourense / la voz

Veinte años se cumplirán en el 2018 de la salida del parque de bomberos de Ourense de uno de sus camiones autobomba para incendios, el OR-2399, que había sido matriculado en 1949. En 1997 ya acumulaba muchos años sin uso. Estaba en muy mal estado. Los responsables municipales -Manuel Cabezas y Enrique Nóvoa- decidieron su restauración. La hizo Eloy Viso, un reconocido especialista, quien, años después de haber completado su trabajo, mientras el vehículo acumulaba polvo en sus instalaciones de Reza sin que desde la administración local se percibiera interés alguno en retirarlo y pagar la factura, reclamó la deuda. La factura aún están sin pagar. El expediente municipal acumula escritos, informes, providencias y acuerdos de distinto tipo, pero la cuenta aún no ha sido liquidada. El autor de la reparación ha acudido, por ello, al juzgado de lo contencioso-administrativo, que ya ha puesto fecha para celebrar la vista a mediados del próximo mes de febrero. El juez deberá pronunciarse sobre la reclamación de 16.583 euros y los intereses que correspondan.

Se detalla en la demanda que el artesano ya había restaurado el primer camión del bomberos de Ourense, el OR-1073 de 1927, que se encuentra en las dependencias municipales. Cobró en su día la factura, pero el último trabajo aún no ha sido reconocido.

El Delahaye de 1949 fue transportado en una góndola a sus instalaciones. Estaba totalmente fuera de servicio. Era imposible saber cuál iba a ser el coste de la reparación. Ni siquiera aproximado, aunque se partía de la cifra de 18.000 euros. Vehículo de fabricación francesa, había que buscar las piezas en desguaces, en España y Francia. Algunas requerían trabajo artesanal de torneros especializados para ajustar y repasar antes de llegar al ensamblaje final. Un trabajo minucioso que se prolongó más tiempo del previsto.

Fue el propio restaurador quien en el 2014 pidió a la administración local el pago de la factura y la retirada del vehículo. Solo faltaban toques y detalles, como la colocación de los espejos retrovisores. El motor ya funcionaba perfectamente y podía entregarlo.

Una factura rebajada

La factura inicial era de 27.000 euros. El Concello de Ourense, que acabó admitiendo la deuda, empezó entonces a discutir la cantidad. Un informe pericial independiente, redactado en el 2015, admitía la dificultad de la tasación, por cuanto la delicada salud del restaurador impedía contrastar datos con él, por lo que apeló a bomberos veteranos, a la experiencia y a la revisión del vehículo, para concluir dejando la factura en 16.583 euros.

Antes de acudir a la vía judicial, para reclamar directamente el pago y que sea el juez el que analice la situación, presentó el demandante reclamación previa que entró en el Rexistro del Concello de Ourense el 8 de noviembre del 2016, que «nunca fue contestado por la administración», como se hace notar de manera expresa en el escrito admitido a trámite por el juzgado de lo contencioso.

A la hora de concretar la reclamación, hacen suya los demandantes la cantidad de 16.583 euros propuesta por el perito tasador designado por el Concello de Ourense, que solo remitió el expediente con el segundo requerimiento bajo apercibimiento de multa de 300 a 1.200 euros a la autoridad o funcionario responsable de ese trámite.

Una «nefasta gestión y posterior resolución», según el jefe de servicio entre 1969 y 2012

En el Concello de Ourense no consta, al parecer, informe sobre el encargo de los trabajos. Contrariamente, un escrito del aparejador Aurelio Gálvez, que fue jefe de este servicio entre 1969 y 2012, indica que el 5 de agosto de 1997 «recibí orden por escrito de autorizar el traslado» del camión, que se envió, en efecto, a un local de Reza. La «complejidad y laboriosidad» de la actuación la retrasó. Finalizado el trabajo, dice el exjefe, aunque se había «observado un resultado satisfactorio para el Ayuntamiento de Ourense», no fue entregado el vehículo a la espera del abono de la factura, que ascendía, como dice Aurelio Gálvez en su informe de febrero de 2015, «a la cantidad de cinco millones de pesetas (30.000 euros), más el IVA, situación que ha persistido hasta el día de la fecha».

Gálvez Prieto deja claro en ese escrito que el vehículo es de propiedad municipal y su valor, decía, «no es solo económico», ponderando su «indudable valor histórico, por cuanto representa una época y un quehacer inestimable en la prestación de un servicio indispensable para la vida de los ourensanos».

Resalta el exjefe de bomberos que por escrito y verbalmente había puesto de manifiesto a todos sus superiores jerárquicos la necesidad de recuperarlo. De manera explícita «declino toda responsabilidad en la nefasta gestión y posterior resolución» del encargo la resolución. A él, sea como fuere, no le correspondía el abono de factura ni siquiera la autorización del pago, por lo que, según subraya, «nunca ha dependido de mi la solución del problema» que ahora zanjará el juez.

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