«La palabra del interventor no es la palabra de Dios» en un Concello

Entre la confabulación para mantener contratos a dedo y el disparate, según la óptica de la fiscalía y la defensa, se mueve la acusación que ha sentado en el banquillo al exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, con cinco excargos municipales del PSOE y el BNG entre los años 2007 y 2013. Para el ministerio público, mantuvieron un sistema de contratación fraudulenta, enmascarando bajo la fórmula de contratos de servicios, también conocidos como asistencias técnicas externas, lo que en la práctica era una relación laboral. Esas personas trabajaron para el Concello sin haberse sometido a un proceso abierto de selección. La sucesión de contratos, la suspensión en el 2013 y las posteriores reclamaciones individuales dieron lugar a que los juzgados de lo social reconocieran a los trabajadores la vinculación laboral. Ahora, el mantenimiento de aquella situación, sobre cuya irregularidad alertó el interventor municipal desde el año 2010 al plantear sus primeros reparos a los pagos, es motivo de una acusación penal de prevaricación al exalcalde Francisco Rodríguez y a otros cinco antiguos cargos del gobierno municipal entre 2007 y 2013. La fiscalía y el sindicato USO, que ejerce la acusación particular, piden diez años de inhabilitación para cada uno de los seis acusados. Las defensas ven el caso como un «disparate» y consideran que, en general, este asunto tiene carácter meramente administrativo y no tendría que haberse seguido en la jurisdicción penal.

Se preguntó al final de la vista Áurea Soto cómo «se fabrica una confabulación que se me acusa de dirigir» poniendo de acuerdo a cinco concejales y dos directores generales, incluso de distintos mandatos; adivinando que el interventor iba a reparar, que iban a detener al alcalde, que iba a haber reclamaciones y sentencias en los juzgados de lo social y que desde el 2010 caería hasta llegar a cero la tasa de reposición de personal municipal. «¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio personal?» se preguntó Soto.

La fiscal parte de que esos trabajadores fueron elegidos a dedo, sin que consten los motivos de su contratación. Y resalta que, en contra de la norma, superaron el año, obtuvieron ingresos brutos anuales de más de 18.000 euros anuales y prórrogas sucesivas.

Ausencia de procedimiento

Para la fiscalía es muy relevante el papel del interventor y sus reparos. «No pueden decir que no saben lo que estaban firmando», dijo la fiscala, que reprochó la ausencia de procedimiento, lo cual facilitaba la arbitrariedad. A su juicio, una situación administrativamente complicada no puede justificar contrataciones irregulares. De la misma forma, dijo, que no se puede justificar que un parado robe porque está sin trabajo y no tiene ingresos.

Para Pablo González, defensor del exalcalde, a quien la Fiscalía reprocha haber consentido y levantado los reparos del interventor para pagar las facturas y mantenerse así la situación, «la palabra del interventor no es palabra de Dios». El letrado subrayó que el exalcalde tenía delegadas las competencias en urbanismo y vivienda, como también que para levantar los reparos pidió informes jurídicos. Fue Áurea Soto, según enfatizó su abogado, quien acabó con las llamadas asistencias técnicas tan pronto como fue posible sin penalizar la gestión municipal y en el momento en el que fue administrativamente posible hacerlo.

Frente a la desconfianza de que los contratos eran enchufes, el letrado de Soto y el exalcalde resaltó que nada hay en la causa que diga que los cinco contratados fueron elegidos por un criterio distinto al de su profesionalidad.

Más explícito fue el letrado de Xosé Carballido, Iago Tabarés. «Se confabularon para meter xente pola porta de atrás, sodes idiotas», dijo, dirigiéndose a los acusados, razonando irónicamente que de haber previsto ese paso no habrían cambiado antes el convenio con el fin de evitar que se consolidaran puestos.

Jorge Temes, el abogado de Fernando Varela, cree que la fiscalía no ha sido convincente y ese es el primer problema. Para el letrado es paradójico que las personas que tomaron medidas para acabar con una situación que se mantenía desde 1999 sean ahora los destinatario de lo que califica como «ficción acusatoria».

La supuesta conspiración, la confabulación entre los acusados es, para el letrado, una teoría «disparatada». Que la selección y designación de los cinco trabajadores fue decidida por funcionarios y no por los acusados es algo que todos subrayaron, como la urgencia de las actuaciones municipales y las limitaciones de la normativa legal a la incorporación de otras personas. Por eso, a juicio del letrado de Xosé Somoza, Miguel Diéguez, no tenían otra posibilidad que no fuera mantener los contratos.

Llamó la atención este letrado sobre el hecho de que la fiscalía hubiera retirado de su escrito de acusación toda referencia a la existencia de «informes previos de José Manuel Oliver», jefe de servicio de rehabilitación que contradecía abiertamente los reparos del interventor y amparaba los pagos de facturas/contratos a los cinco trabajadores. De ese modo, anotó, es como si la responsabilidad fuera de los acusados y obraran por su cuenta sin valorar otras opiniones cuando todos los acusados, en cada uno de los acuerdos de renovación, contaron siempre con informes favorables de técnicos municipales que discrepaban de la posición estricta del interventor.

Fernando Varela afirma que en la CIG le explicaron que Áurea Soto era la «presa a cazar»

El exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela, que compartió banquillo desde el martes con el exalcalde socialista Francisco Rodríguez, la exconcejala de urbanismo Áurea Soto y sus antiguos compañeros de partido Iolanda Pérez, Xosé Carballido y Xosé Somoza, era afiliado de la CIG cuando un delegado de este sindicato y empleado municipal (Javier García Gago) presentó la denuncia por la que se ha visto acusado de prevaricación. De entrada no iba con él, pues iba dirigida contra cargos del PSOE, incluido el alcalde Agustín Fernández, la concejala de urbanismo y la responsable de personal, Carmen Rodríguez Dacosta. Pese a ello, preguntó en la CIG, según ayer confesó en su última intervención en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense. «E na CIG dixéronme que había unha presa a cazar, que era Áurea Soto».

La exconcejala de urbanismo tampoco dejó pasar la ocasión a la última palabra para resaltar el papel del denunciante, García Gago, que había sido jefe de personal del 2001 al 2008, período en el que hubo contratos como los que ahora se discuten. Con la denuncia, presentada al amparo de su condición de delegado de la CIG y con el apoyo de USO, solo trataba de buscar un motivo para recusarla y lograr así estirar plazos y conseguir por silencio administrativo la compatibilidad que no pudo lograr para profesor en la universidad y que los informes jurídicos municipales le negaban.

Áurea Soto, visiblemente emocionada y con voz entrecortada, destacó el empeño que habían puesto para corregir una situación heredada. En sintonía con lo que luego corroboró Fernando Varela, cree que ella era el objetivo de la denuncia, pero, al final, «el alcalde y mis compañeros de gobierno están aquí porque no podía estar yo sola».

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