El exalcalde Fernández cree que por reparos no se deben anular servicios

El exalcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, relativizó ayer el peso de los reparos del interventor municipal. El exregidor declaró como testigo en la segunda sesión de la vista por prevaricación que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, con su antecesor Francisco Rodríguez, la exconcejala Áurea Soto y cuatro excargos del grupo nacionalista en el bipartito PSOE-BNG como acusados. Agustín Fernández, que accedió al cargo en el 2012 tras la dimisión de Rodríguez, había liquidado a los pocos meses con la práctica de las asistencias técnicas externas, que eran contratos de servicios que se iban encadenando a personas ajenas a la plantilla municipal y que habían dado lugar a reparos del interventor para los pagos. «Os servizos de primeira necesidade hai que prestalos sí ou sí», afirmó, para refrendar la tesis de que aquellos contratos respondían a una necesidad de personal, por la intensa actividad de entonces en las áreas de urbanismo, vivienda y rehabilitación, aparte de que no era legalmente posible abrir otra vía de contratación al estar limitada por decisión del Gobierno.

Fernández mostró a la jueza la situación actual del transporte urbano, que, a su juicio, permite contextualizar la acusación. Si la imputación a sus excompañeros de gobierno se sustenta en el mantenimiento de la irregularidad, es decir, en la prolongación y sucesión de contratos que reprocha el interventor en sus reparos, el contrato del servicio de transporte urbano está ahora mismo vencido y se está manteniendo en precario desde hace dos años. Pese a los reparos y a la irregularidad, la administración local paga cada mes cerca de 700.000 euros, según detalló ayer. El interventor seguramente presentará reparos a esas facturas y el alcalde los levantará, como antes hicieron Francisco Rodríguez y él mismo, según enfatizó. La prestación de servicios no se puede parar, razonó el exalcalde, que atribuyó a un conjunto muy variado de factores el eventual retraso y mantenimiento de situaciones formalmente irregulares.

Advirtió el exregidor, además, que la eliminación de la práctica de los contratos ahora discutidos, a los pocos meses de haber accedido él a la alcaldía, solo fue posible porque en los meses anteriores se había avanzado en firme en la misma línea y existía solución para no desatender la prestación del servicio. «Si tuviera la seguridad de que no se podía resolver de otro modo, seguiría levantando los reparos», afirmó Agustín Fernández.

El interventor, por su parte, aclaró que los reparos -que frenan los pagos, hasta que los levante el alcalde- los formuló al advertir que había contratos que se prolongaban más de un año. Era un problema de temporalidad y cuantía, pues los adjudicatarios de la concatenación de facturas superaban los 18.000 euros anuales. El funcionario encargado de la fiscalización de las cuentas resaltó que es un tipo de contrato legal en origen, aun cuando «el procedimiento seguido sea la ausencia de procedimiento» a la hora de elegir proveedores en los contratos llamados menores.

Iniciado el caso por denuncia de los sindicalistas Julio Domínguez Seara (USO) y Javier García Gago (CIG), solo este último acudió ayer la citación. Lo hizo para confirmar que habían alertado de la situación en las mesas de negociación y advertido de ello, verbalmente, a la responsable de personal, la exconcejala Carmen Dacosta. Era, insistió, una vía para acabar entrando en la plantilla como personal laboral indefinido. Dejó claro García Gago que su denuncia se dirigía «básicamente» contra Áurea Soto.

El denunciante aclaró que durante su etapa como jefe de personal en anteriores gobiernos del PP también se habían hecho contratos de servicios como los ahora discutidos, aunque, a raíz del conflicto suscitado con las ludotecarias, se habían recortado.

Otra testigo, la arquitecta Elvira Carregado, aseguró que había trabajo para el Concello de Ourense con contratos del mismo tipo de los ahora discutidos entre 1999 y 2007, con solo cuatro meses de ausencia, sin que durante ese período hubiera sufrido retrasos en los pagos al no haber formalizado el interventor reparo alguno a sus facturas.

Los acusados podrán explicarse tras haber declarado todos los testigos

La vista oral continúa hoy con los últimos testigos y la declaración de los acusados, Francisco Rodríguez, Áurea Soto, Iolanda Pérez, Xosé Carballido, Fernando Varela y Xosé Somoza. La fiscalía los acusa de prevaricación y pide para cada uno de ellos penas de diez años de inhabilitación para cargo o empleo público. Los imputados han seguido hasta ahora en escrupuloso silencio las declaraciones de los testigos. La alteración del orden de las declaraciones, aceptada por la jueza a propuesta de uno de los abogados, les permitirá matizar todos aquellos aspectos que consideren relevantes para su defensa. La vista oral, iniciada el martes, rematará el viernes con los informes de la fiscalía, la acusación particular que ejerce el sindicato USO y las defensas, por ese mismo orden.

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