¿Tenía enchufe para estar ahí? «No»

Los beneficiados por contratos de asistencias técnicas en el Concello no conocían al exalcalde ni a sus exconcejales


ourense / la voz

Retirado de la vida política desde el 2012, el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez se enfrenta a una acusación de diez años de inhabilitación. La fiscalía y el sindicato USO lo acusan de un delito de prevaricación por la forma en la que el Concello de Ourense, siendo regidor, gestionó los contratos de asistencias técnicas externas, que en algunos casos condujeron a que cinco beneficiados acabaran viendo reconocidos derechos laborales y ahora figuren en la plantilla municipal como personal laboral fijo. Se limitaba a levantar los reparos que ponía el interventor, que advertía del riesgo de que acabaran consolidando derechos laborales, como realmente ocurrió.

Acompañaron a Rodríguez la exconcejala de Urbanismo Áurea Soto y cuatro excargos del BNG, Fernando Varela, Xosé Carballido, Iolanda Pérez y Xosé Somoza, de quienes dependían en distintos momentos el bipartito municipal las áreas de infraestructuras, vivienda y rehabilitación. Los cinco protagonistas de los discutidos contratos -arquitectos, aparejador y abogado- confirmaron ayer, en sintonía con lo que ya han reconocido los juzgados de lo social, que su relación tenía carácter laboral, pero negaron que los acusados hubieran intervenido en su fichaje. Ni los conocían ni tampoco los trataban, según fueron declarando de manera sucesiva durante la primera sesión del juicio.

La pregunta más directa la formuló el letrado de Áurea Soto a uno de ellos. «¿Tenía usted algún tipo de enchufe para estar ahí?». «No», respondió el interpelado en el mismo tono que los demás.

Los testigos, sea como fuere, aclararon que para acceder a los puestos de trabajo no habían sido entrevistados por el alcalde ni por los concejales, sino por otras personas: el jefe de la oficina de rehabilitación, el arquitecto César Pichel; el abogado Bienvenido Fernández, contratado por el PSOE, o Hixinio Vázquez, personal de confianza del BNG.

Sabían que hacía falta personal, se enteraron por otros compañeros y amigos, se ofrecieron y los contrataron, sin más, según ayer aclararon. En el caso del abogado, una prima que trabaja en el Concello le diría que se apuntara a la bolsa de contratación, lo hizo, lo llamaron, lo entrevistaron un miércoles y empezó a trabajar el lunes siguiente.

Aseguran estos cinco trabajadores, cuya situación sustenta la acusación, que en los contadísimos casos en los que tuvieron contacto con los concejales fue por razones meramente profesionales. Confirmaron, en cualquier caso, que los ficharon por la modalidad de las asistencias técnicas externas, aunque en la práctica eran empleados municipales, con horario, mesa y teléfono en dependencias de la administración. Sus vacaciones, de hecho, no eran ajenas a la organización de los servicios.

A estas trabajadores, como corroboraron ayer, les hacían contratos de prestación de servicios siempre inferiores a 18.000 euros, correspondientes a varios meses, que se iban encadenando. Las cifras reales de ingresos anuales eran superiores.

La vista oral de este caso, que está previsto celebrar durante toda la semana, arrancó ayer con la declaración de los cinco testigos que se vieron beneficiados por las contrataciones. Hoy continuará con más testigos, incluyendo denunciantes, funcionarios municipales y políticos. El jueves declararán los acusados, sobre quienes pesan peticiones de condena de inhabilitación. Y el viernes, las conclusiones.

La jueza acepta que los testigos declaren antes que los acusados, como en Barcelona y Navarra

La titular del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, Susana Pazos, aceptó ayer la petición formulada por el abogado Jorge Temes, que defiende al exconcejala nacionalista Fernando Varela, para que se permitiera variar el orden de las declaraciones. Ganan los acusados con ese cambio, en la medida en que, al quedar su declaración para el final, tendrán ocasión de responder a lo que hayan declarado los testigos. Este cambio será, al parecer, introducido en la nueva ley de enjuiciamiento criminal, con la finalidad de aumentar las garantías de los acusados. Por ahora, es una práctica que varias secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona ya han decidido aceptar, según un acuerdo adoptado por un pleno de los magistrados, según aclara el abogado que ayer lo pidió y vio aceptado el cambio. La alteración de las declaraciones fue aceptada por la sala a la que ha correspondido en la Audiencia de Navarra el caso de «La Manada» por violación en los sanfermines del 2016.

El letrado resalta que el cambio aprovecha un vacío que deja abierto la ley actual, pues, según indica, no está específicamente regulado que tengan que ser los acusados quienes declaren en primer lugar. No son, de todos modos, habituales las peticiones, por lo que la vista celebrada ayer en Ourense abre una vía que probablemente seguirán otros abogados o podrá incluso plantear el ministerio fiscal en casos concretos donde el cambio pueda ser relevante.

Las alegaciones de nulidad serán resueltas en la sentencia

La vista, que previsiblemente finalizará el viernes, se celebró sin que hubieran prosperado las alegaciones sobre nulidad planteadas por las defensas. La jueza las desestimó en esta fase, sin perjuicio de las explicaciones que ofrecerá en la sentencia. Las defensas mantienen que algunos defectos de tramitación, como que no haya un auto específico de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado sobre los cuatro excargos nacionalistas, incorporados a la causa por petición de la fiscalía. Reprochan las defensas que el ministerio fiscal presentó fuera de plazo uno de sus escritos y mantienen que al privárseles de algunos trámites, como consecuencia de las deficiencias que aprecian, sufren indefensión. No tuvieron ocasión, indican, de conocer con detalle los motivos por los que se les acusa y se enfrentan a peticiones de condena que incluyen largas inhabilitaciones.

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