Una fábrica creada desde el Obispado y vendida en 2015, en fase de desaparición

Ningún representante de Galpellet acude a los juzgados a las demandas laborales


ourense / la voz

Poco más de cuatro años ha durado la actividad de Galpellet, una empresa creada por la recién extinguida fundación Santa María Nai, promovida por el Obispado de Ourense. Arrancó Galpellet en mayo del 2013. Y dejó de producir el pasado verano. Los juzgados de lo social de Ourense están acogiendo las reclamaciones salariales y fallando a favor de los trabajadores, sin que representante alguno de la sociedad haya acudido hasta ahora a las vistas ni tampoco la empresa haya contestado a las demandas. El hundimiento de la empresa y su cese de actividad se produce poco después de que la fundación Santa María Nai haya obtenido de la Xunta el permiso de extinción, como su patronato había acordado a 31 de diciembre del 2016. El DOG del 27 de marzo del 2017 publicó la necrológica de esta fundación, que en su día había animado la creación de una bodega, un geriátrico y esta fábrica de tratamiento de biomasa en Pontedeva, que lleva inactiva desde este verano.

Los quince trabajadores de Galpellet cobraron en junio su última nómina. La actividad quedó paralizada en julio. Sin explicaciones. No tenían nada que hacer. Al dejar de recibir restos vegetales y madera para fabricar los pellets, que se utilizan como combustible para las calefacciones, tampoco se genera calor en la caldera para producir energía eléctrica y venderla.

En septiembre, ante la falta de noticias de la empresa, acudieron los trabajadores a los juzgados de lo social, que en todos los casos aceptaron las medidas cautelares solicitadas por los operarios, con el fin de verse liberados de la obligación de acudir a la nave e Pontedeva, pues nada hacían allí. De no mediar esta resolución judicial, la falta al trabajo serviría para justificar un despido.

Procedimientos diferentes

Las reclamaciones salariales se tramitan de forma individualizada en los cuatro juzgados. Las primeras sentencias dan la razón a los trabajadores, sin fisuras, con indemnizaciones que algún caso llegan a 6.700 euros. La extinción de la relación laboral de los quince trabajadores se dirime en un único procedimiento. La vista se celebró y está pendiente de una sentencia que, con toda probabilidad será favorable a los demandantes. Tanto a este juicio, celebrado la semana pasada, como a los demás por reclamación de salarios, la firma no ha enviado letrado ni tampoco ha comparecido representante alguno.

A la vista de la aparente descapitalización de la empresa, el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) se hará cargo de parte de las indemnizaciones. La sociedad, al menos que sepan los trabajadores, no ha instado concurso.

Del gasto inicial se pasó a una venta simbólica a nuevos inversores

Galpellet se gestó en el año 2009, en un momento en el que la diócesis -a través de la fundación Santa María Nai- buscaba vías de dinamización de la economía rural ourensano. Arrancó en mayo del 2013, poco meses después de la llegada del obispo Leonardo Lemos. En el 2015 se negoció la refinanciación de la deuda acumulada de la sociedad, que no había alcanzado las optimistas perspectivas de negocio iniciales. Pocas semanas después, se vendió por un precio simbólico y desde agosto del 2015 la sociedad pasó a tener como responsables a Juan Jacobo Sartorius-Lavalle Cobo, al exsacerdote ourensano José Moure Cibeira, al exdirectivo de banca Manuel Rodríguez Vilariño y a Roberto Antonio García.

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Una fábrica creada desde el Obispado y vendida en 2015, en fase de desaparición