Dos años de barullo e incertidumbre en la comisaría de policía de Ourense

La Voz OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

MIGUEL VILLAR

A los casos de armas y drogas se añade una muerte que ya suma diecinueve meses de secreto de sumario

19 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Dos años después de que en la comisaría de policía de Ourense se viviera una de sus crisis más agudas, con la detención formal de dos de los integrantes del entonces eficaz grupo de drogas y la imputación de otros dos agentes en una actuación de la Unidad de Asuntos Internos, los ingredientes de aquella presunta trama de corrupción no acaban de tomar forma. La llamada operación Zamburiña degeneró en una maraña aún no desenredada. Entre suspensiones de empleo, jubilaciones, marchas anticipadas, incapacitaciones, bajas y traslados, sumados a la muerte de un agente un sábado de abril del 2016 en las dependencias de As Lagoas, los oscuros nubarrones se han ido moviendo. Dos juzgados trabajan en ello.

En un primer momento, las sospechas se centraron en los integrantes del grupo de drogas, el jefe y tres más. Se les quiso relacionar con la desaparición de seis pistolas del búnker de la comisaría y con un supuesto proceder que beneficiaría a una red dedicada al narcotráfico en Ourense. Al cóctel de armas y drogas que Asuntos Internos presentó en noviembre del 2015 se sumó en abril del 2016 la muerte de un policía de un tiro en la cabeza. Se presentó como un suicidio desde la propia comisaría. Un año y siete meses después, las diligencias penales abiertas de oficio por aquel suceso aún no están concluidas. El secreto de sumario que mantiene la instructora hace que cada día crezcan las dudas sobre el desenlace y surjan nuevos rumores sobre los motivos que la jueza ha encontrado para no levantar el manto de opacidad que cubre el caso. Que haya advertido algún proceder formalmente anormal, un gesto de limpieza o un dudoso movimiento en el escenario tras el hallazgo del cadáver en la quinta planta de la comisaría, parece lo menos gravoso. Tratándose de un suicidio, dicen medios policiales conocedores de la rutina, el caso debería estar cerrado hace tiempo. Si permanece abierto, bajo secreto sumarial, es porque la instructora ha encontrado indicios de eventuales responsabilidades de otras personas, ya sea con anterioridad a la muerte, o con posterioridad al disparo fatal, apuntan las mismas fuentes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 donde se iniciaron las actuaciones en 2014, a partir de unos anónimos enviados desde la propia comisaría en dirección a Asuntos Internos, lo decía el pasado abril en un auto. Acordaba entonces que una de las variables del conflicto, las injurias en los anónimos, se añadiera a la investigación de Instrucción 3 sobre la muerte del policía. La competencia, decía, es del juzgado que indaga sobre el delito con más pena. Y en Instrucción número 3 «parece que se investiga la muerte de una persona que pudo tener relación con la sustracción de las armas, lo que podría derivar en un delito de homicidio/asesinato». El juez dejaba claro que desconocía el trabajo de su compañera, pero aceptaba la cesión de las diligencias, de acuerdo con la petición de la titular de Instrucción 3, pues «ambas causas» -anónimos y muerte- «están íntimamente relacionadas, tratándose de delitos conexos que debe ser instruidos de forma conjunta». Y ello, además, al amparo del secreto sumarial.

El juez ya descartó hace año y medio que los policías investigados se hubieran lucrado

La operación de Asuntos Internos se presentó hace dos años como un golpe al narcotráfico. Se sugería permisividad policial. Incluso connivencia. Seis meses después, sin embargo, en mayo del 2016, el juez del caso decía en un auto que «no ha resultado ni el más mínimo indicio que lleve a pensar que (los policías investigados) han obtenido el más mínimo beneficio económico» por el supuesto favorecimiento en el desarrollo de la actividad delictiva de los otros doce sospechosos de narcotráfico. El juez, Leonardo Álvarez, decía que únicamente se podía hablar de «mala praxis» del grupo de drogas, que justificaba en el supuesto «deseo de mejorar profesionalmente». Negaba entonces el instructor una petición de Asuntos Internos para que se investigara de forma exhaustiva el patrimonio de los implicados. Recurrió la fiscalía para defender la solicitud, razonando con aplastante lógica, que el objeto del tráfico de drogas no es otro que la «obtención de fuertes recursos económicos de origen ilícito, donde las personas receptoras suelen realizar, una vez obtenidas las ganancias ilícitas, actuaciones encaminadas a maquillar o hacer desaparecer los ingresos a su nombre, valiéndose de diversas artimañas, entre ellas poner el dinero a nombre de terceras personas, crear testaferros, o diversificar el dinero en diversas cuentas e inversiones».

La Audiencia amparó a la fiscalía y autorizó en julio del 2016 la investigación patrimonial. La hizo Asuntos Internos, al parecer sin hallar sombras en las cuentas de sus compañeros. De todos modos todavía no han sido notificados los resultados a las partes. Si los policías no obtenían beneficio, qué sentido tiene acusarlos de colaborar con traficantes, se preguntan medios conocedores del caso. Los informes, no obstante, aún no están en causa.

Firmas falsificadas en el control de accesos al búnker

Los anónimos que provocaron la gran tormenta en la comisaría de Ourense, acusando entre otras cosas al responsable del depósito de haber retirado pistolas para entregarlas al exjefe de drogas, que incluso vendería una por quinientos euros, han sido expresamente desautorizados por el juez instructor. El reciente 13 de octubre dictó un auto de archivo de actuaciones por la desaparición de seis armas, en el que dejaba fuera del caso a los cuatro policías de estupefacientes y a los doce sospechosos de integrar la red de narcotráfico que tiene en Pucha P. G. a la presunta cabecilla. En estas diligencias únicamente sigue como investigado el responsable del armero de la comisaría, del que en su día desaparecieron seis pistolas, tres de ellas recuperadas en el despacho donde apareció el cadáver del agente que supuestamente se suicidó en abril del 2016. El caso de las armas, así las cosas, parece quedar sin aire.

El único policía que sigue en como investigado ha abierto otra línea de dudas al negar que su firma sea la que aparece en los registros de acceso al búnker de las armas. Se custodian las llaves en sobre lacrado en la caja fuerte de la secretaría general. De la primera puerta de la zona de material tienen llave varias personas, para poder acceder a material como el de antidisturbios, pero franquear la de las armas requiere más control. En este punto, el responsable de la custodia de las armas sostiene que alguna de las entradas que aparece «documentada» incluye una rúbrica que se asemeja a la suya, pero afirma que se trata de una falsificación. No es suya. Aparecerían terceros implicados.

A la declaración de la semana pasada ya no asistieron los abogados de los dieciséis investigados apartados de la causa. Tampoco el letrado de uno de los presuntos traficantes, que recurrió el archivo alegando que hay asuntos sin resolver, cuyo resultado podría ser útil en su defensa. Protestó.