Acusan a un empresario de estafa en la venta de participaciones de una correduría de seguros

La fiscalía no acusa, pero José Moure Cibeira acudió ayer a la Audiencia de Ourense como presunto autor de un delito de estafa. Un particular le reclama 41.500 euros, aparte de solicitar tres años de prisión y nueve meses de multa a razón de quince euros diarios, es decir, algo más de cuatro mil euros. La defensa no solo niega los términos de la imputación, sino que, desde su punto de vista, coincidente con el ministerio público, la eventual responsabilidad penal estaría prescrita. El caso arranca de hechos ocurridos en el 2008, aunque no fueron denunciados hasta 2012. De haber sido una estafa ordinaria, la prescripción tendría poca discusión, al haberse superado el plazo de los tres años, pero al imputar el acusador privado la variante de estafa agravada, por supuesto abuso de confianza, el margen es superior. La valoración corresponde a los magistrados de la Audiencia.

José Moure, exsacerdote cuya actividad empresarial aparece vinculada a la gestión de seguros durante varios decenios, era presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Ourense en el año 2008. Fue entonces cuando pactó con José Antonio Fidalgo, un economista y asesor asentado en el municipio coruñés de Vimianzo, una compraventa de acciones para Mediadores Gallegos Asociados Correduría de Seguros S.A. (Megasa), en la que aspiraba a integrar a especialistas de toda la comunidad. La firma estaba en quiebra, según mantiene la acusación particular, que atribuye a Moure Cibeira un «afán defraudatorio» en su proceder, amparándose en la «credibilidad empresarial y profesional» del ourensano, que ayer mismo exhibió durante el juicio supuestas amistades con políticos y jueces, con citas expresas y nominales a exmagistrados de la propia Audiencia.

Amistades políticas y judiciales

Llamado al orden en más de una ocasión por la reiteración de sus referencias personales, en su última intervención afirmó que mucha gente lo llamaba para pedirle su intervención -a título particular- en asuntos legales, porque era sabido que conocía a muchos jueces y políticos.

Megasa había cerrado las cuentas del 2007 con un resultado negativo de 59.000 euros. El asociado de Vimianzo ahora acusador mantiene que el día de la firma de la compraventa de acciones pagó 30.000 euros. Aparece referenciado el pago en el escrito notarial, pero la supuesta entrega no se hizo en la notaría. La nuevo sociedad, pese a su delicada situación financiera, aspiraba a crecer y recuperarse gracias a la nutrida cartera de clientes del ahora acusado.

Las diligencias penales por este asunto se iniciaron en el año 2012 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense. La fiscalía considera que la responsabilidad penal está prescrita. La Audiencia, sin embargo, aceptó que el asunto llegara a juicio.

La acusación, aparte del aspecto personal, extiende la responsabilidad civil subsidiaria a las empresas Agrícola Don Pepe S. L., de la que Moure Cibeira era administrador único, y a Megasa, de la que era presidente y en la que aquella intervenía como parte fundamental de la sociedad.

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