Prohíben a la Xunta aplazar hasta 2023 el pago de los atrasos a una beneficiaria de una ayuda social

Un juez ve «irracional» el retraso en el abono atendiendo a que la demantante ya ha cumplido 83 años


ourense / la voz

La aplicación de la ley de dependencia en su totalidad todavía es una asignatura pendiente para muchas administraciones y son muchos los pleitos derivados de este asunto que se conocen en los juzgados gallegos. En Ourense, el titular del contencioso número 1 ha dictado recientemente una sentencia en la que se admite en parte la demanda de una particular a la que se le aprobó el programa individual de atención -la ayuda económica para que cuidase de su madre, que padece una enfermedad grave- varios años después de que le fuese reconocido mediante una resolución dictada por la Consellería de Política Social en el que se contemplaba que la administración gallega abonaría los atrasos en pagos aplazados hasta el año 2023. Descontenta con esa decisión, la perjudicada presentó un recurso que le fue denegado, por lo que recurrió a los tribunales.

Ahora el juez le da la razón en algunas cuestiones de las que planteba, como lo concerniente al aplazamiento del pago de los atrasos de la prestación. «Con toda evidencia resulta irracional y carente de justificación el fraccionamiento y pago aplazado hasta el año 2023 del pequeño importe de atrasos adeudado por la Xunta de Galicia a la aquí demandante», asegura el juez Francisco de Cominges, quien advierte en este sentido que «atendiendo a su avanzada edad y enfermedad existe la probabilidad de que fallezca antes».

Estima el togado que la finalidad del abono del dinero que se adeuda a la beneficiaria de la ayuda es el de «mejorar la calidad de vida de la dependiente y saldar su deuda con los que le han atendido durante el tiempo de demora de la aprobación del programa individual de atención», y asegura que, con el fraccionamiento y pago aplazado a ocho años aprobado en la resolución impugnada, «se frustra en la práctica ese derecho y la propia finalidad de la norma».

Menos de cien euros al mes

Se da la circunstancia de que la ayuda concedida por la Xunta a la demandante asciende a 96,91 euros al mes y que los atrasos que se le deben, según se calculó, son de 3.054 euros. La administración pretendía abonar al año 381,76 euros, para terminar de saldar su deuda en 2023. Ahora el juez obliga a que se haga un único pago por los atrasos y se calcule de nuevo la cantidad que debe percibir la hija de la dependiente.

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