La agrupación Miño cree que el gobierno «non fai nada» ante los incumplimientos
10 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El malestar vecinal por los supuestos incumplimientos de la empresa de limpieza de la ciudad (Ecourense) en los núcleos rurales hace ya tiempo que pasó de las palabras a los hechos. A mediados del año pasado, el juzgado contencioso número 2 de Ourense despachaba una denuncia de la agrupación vecinal Miño contra el Concello de Ourense por no actuar ante sus reivindicaciones. El juzgado entendió que el recurso era «inadmisible» al ser presentado por una directiva vecinal, a la que no concedió potestad para llevar a juicio este asunto. Este primer revés judicial no desanimó a la agrupación Miño. Todo lo contrario. Les cargó más de razones para acudir de nuevo ante los tribunales para tratar de acabar con una discriminación que, aseguran, se prolonga desde hace años.
En este escenario y para ganar garantías jurídicas decidieron convocar una asamblea general para respaldar la denuncia. Presentaron de nuevo el contencioso, con los mismos argumentos que el anterior, y ahora Concello y representantes vecinales se volverán a ver las caras en los juzgados. «O goberno non fai nada para evitar todos os incumprimentos que levamos anos denunciando. A empresa segue cobrando por traballos que non realiza», explicó José Manuel Casares, directivo de la agrupación Miño. Y pone un ejemplo: «A recollida de lixo no rural non é diaria e o prego marca que debe de facerse catro días a semana. Fano solo tres. Iso supón que hai un día que non se moven os coches, afórrase gasolina e en persoal pero eles cobran o diñeiro íntegro», justificó el dirigente vecinal.
Considera que con la concesión ya en su recta final -se trata del servicio por el que paga una mayor cantidad de dinero el Concello de Ourense al rondar los 10 millones de euros anuales- no queda otra salida, según José Manuel Casares, que no sea optar por rescindir el contrato: «O Concello sanciona á empresa, pero iso a nós non nos serve porque seguimos sen os servizos. Teñen que rescindirlle o contrato e que asuma o propio Concello a concesión. Pero vemos que non están pola labor».
ADIF denuncia al Concello al creer que no debe reparar un talud en la rúa Arnoia
Los servicios jurídicos del Concello de Ourense tendrán una intensa actividad en las próximas semanas. Así se desprende de la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer y en la que se dio cuenta de que la administración local tendrá que personarse en calidad de demandado en seis procedimiento y uno en calidad de perjudicado. Además del recurso presentado por la agrupación de vecinos Miño por incumplimientos en la limpieza del rural, destaca otro procedimiento abierto en los juzgados por ADIF. El administrador ferroviario no está de acuerdo con una solicitud firmada por el gobierno local para que reparase un talud en la rúa Arnoia. Se trata de un espacio de unos 200 metros que ha causado graves problemas durante los últimos inviernos por constantes corrimientos de tierra. ADIF no está de acuerdo con esta resolución municipal y lleva el caso a los juzgados.
Otro de los recursos está relacionado con una reclamación patrimonial relativa al cierre del restaurante de las Pozas de Maimón. La empresa que lo explotaba presentó una reclamación patrimonial consecuencia de supuestos incumplimientos contractuales que fue rechazada por el Concello.
En el apartado de sentencias de las que se dieron cuenta en la junta de gobierno se incluye la ya conocida sobre un contencioso interpuesto por Eroski. Reclamaba tres millones de euros por una reclamación patrimonial por la caída del PXOM. La Justicia finalmente tan solo le dio derecho a percibir 5.000 euros en concepto de gastos de estudios.
Menos barridos y baldeos de los que se recogen en el pliego de condiciones
La batalla judicial de la agrupación Miño se remonta al año 2014, cuando se pidió por escrito al Concello que se abriera un expediente sancionador a la empresa. La falta de respuesta por parte de la administración local desembocó en un pleito que el juez declaró «inadmisible» en junio del 2016. Un año y medio después, el segundo recurso está previsto que se analice en sede judicial a lo largo del mes de diciembre. Los argumentos son los mismos de la primera demanda y pasan por el incumplimiento de las tareas que se recogen en el pliego de condiciones y que corresponde al nivel de limpieza 3: dos veces de barrido manual, una vez barrido de mantenimiento, otro mecánico de aceras y de calzadas y un baldeo. El colectivo vecinal dice que no se cumplen esos requisitos mínimos y que eso se traduce en una sensación de suciedad y abandono en los diferentes núcleos rurales.