La Audiencia decidirá si cometió prevaricación en la residencia universitaria
18 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Más de dos años y medio después de dimitir como concejala de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, todavía tiene causas pendientes con la justicia. Tras ser absuelta por el caso que provocó su caída política -la legalización de la situación urbanística en la céntrica plaza de San Antonio-, la exconcejala socialista volverá a enfrentarse a una acusación por prevaricación urbanística, en este caso por la licencia de apertura para la residencia universitaria. El juez entiende que debe decretarse la apertura del juicio oral y que tendrá que ser la Audiencia de Ourense la que determine si Áurea Soto cometió ese delito y, por tanto, debe ser condenada a un año de prisión y a una inhabilitación para cargo de concejala durante diez años, además de una multa económica. También se sentará en el banquillo de los acusados un funcionario municipal. El auto, que se emitió el 16 de octubre, es firme y solo cabe recurso en lo relativo a la situación personal del acusado. El juez también ratifica la libertad provisional para los encausados.
El caso que llevará por segunda vez a juicio a Áurea Soto por una denuncia de unos promotores urbanísticos tiene su origen en el año 2011. La edila concedió permiso para legalizar la residencia universitaria, que se había construido en terrenos ocupados de Casas Orense. Los denunciantes alegaron que se había incumplido de forma clamorosa el deber de urbanizar el entorno, tal y como figuraba en un convenio firmado entre el Concello y la Universidad de Vigo. La situación derivó en medidas judiciales contundentes que acabaron con el precinto de la residencia, que solo pudo abrir sus puertas una vez que se llevó a cabo la urbanización de la zona, que fue asumida por la junta de compensación de la zona. En todo caso, la urbanización de todo el entorno se encuentra paralizada en una segunda fase. Es por ello que la junta de compensación exige al Concello a que desbloquee la situación, que está frenada desde hace once meses. «Nos parece inaceptable esta demora. La junta no puede y no continuará las obras, a pesar de la comprensible indignación de los vecinos, hasta que el expediente relacionado con el subsuelo sea resuelto», explicó el letrado Antonio Feijoo Miranda.
Alertan de que el recinto estuvo 15 años sin pagar IBI
La junta de compensación de la zona denuncia que la residencia universitaria de Ourense no se encontraba dada de alta en el Catastro y que no ha sido hasta ahora que la Agencia Tributaria la ha dado de alta de oficio y lo ha realizado a nombre del Concello. Como consecuencia de ello, aseguran, no ha pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles desde su construcción hace quince años como debería al no ser un centro docente.