El futuro de los 90 vecinos con una orden de derribo se decidirá en el TSXG

A finales de noviembre del año pasado, el Concello de Ourense daba cuenta a través de la Junta de Gobierno Local de una orden judicial que obligaba a acometer el derribo de un edificio de la avenida Marcelo Macías (146, 148 y 150). Diez meses después, los afectados siguen luchando en los juzgados para tratar de frenar una medida sin precedentes en la ciudad de Ourense. Tras el varapalo del juzgado contencioso administrativo número 2, que denegaba su petición para frenar la demolición han vuelto a mover ficha para tratar de ganar el máximo tiempo posible a la piqueta.

Según confirmó un portavoz de la comunidad de propietarios, hace apenas unos días hicieron efectivo un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que por tanto será el encargado de dilucidar el futuro de las noventa familias que se ven afectadas por esta orden de demolición. «Es la vía que nos marcó el propio juez de lo contencioso. Confiamos en que ahora nuestros argumentos, que entendemos que son más que válidos, sí que sean tenidos en cuenta», explicó un portavoz.

La defensa jurídica de los vecinos del inmueble de Marcelo Macías pasa por entender que la demolición debe de paralizarse hasta que el Concello de Ourense no determine las indemnizaciones y garantice el pago de la demolición. Tampoco estaban de acuerdo con realizar la notificación del derribo al presidente de la comunidad, ya que entendían que debía de realizarse de manera individualizada.

Detrás de la petición de que se cuantifique el impacto económico de meter la piqueta en el inmueble está el hecho de poner sobre la mesa el elevado coste de la actuación para las arcas municipales. Nada más conocerse la petición judicial de derribo en noviembre del 2016, los propietarios ya advertían del impacto de las hipotéticas indemnizaciones: «En caso de hacerse efectiva la demolición se bloquea el Ayuntamiento diez o quince años».

Una recalificación

Para entender cómo se ha llegado a esta situación en el año 2017 hay que retroceder en el tiempo. Todo parte de una denuncia de los propietarios de unos terrenos próximos que pedían los mismos privilegios para ellos que los concedidos por el anterior gobierno del PP con la recalificación del solar, que permitió la construcción de este bloque de noventa viviendas. La justicia atendió la demanda, una vez que cayó el plan del 2003 que era el que sostenía la maniobra urbanística en febrero del 2015. Los propietarios alegan que cuando compraron los pisos estaban legalizados.

La aprobación del PXOM, una de las vías de escape para solucionar el conflicto, sigue estancada

Desde que en un primer momento estalló la orden de demolición de un edificio en la avenida de Marcelo Macías, el Concello de Ourense puso sobre la mesa la aprobación del nuevo plan de urbanismo como una de las soluciones más factibles para evitar el derribo de este bloque de viviendas. Desde la institución municipal entienden que el nuevo documento urbanístico serviría para dar encaje dentro de la legalidad a los edificios que ahora son carne de piqueta.

Esa vía de solución, en caso de que finalmente sea viable, sigue su deambular por una tramitación que se demora sin que tenga visos de llegar a buen puerto, al menos en este mandato de gobierno en minoría del Partido Popular. A nivel administrativo, el documento fue adaptado a la nueva Lei do Solo y se encuentra a la espera de que se emita un nuevo informe de impacto ambiental. También se encuentra pendiente la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento conformada por representantes de los cuatro grupos políticos.

Al margen de los pasos que todavía quedan para culminar la tramitación, todavía está pendiente el necesario acuerdo político para aprobar el nuevo planeamiento de Ourense en pleno. Ninguno de los tres partidos políticos de la oposición municipal ha dado muestras de que el acuerdo para sacarlo adelante sea sencillo. La ecuación de mayorías obliga al PP a alcanzar al menos un acuerdo con PSOE o DO.

---

---

---