Ourense mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los servicios sociales

La oposición logró retirar del orden del día del pleno la liberalización de fondos para este departamento municipal


ourense / la voz

El pleno extraordinario celebrado ayer por la corporación de Ourense no despejó el horizonte de los servicios sociales municipales. De hecho ese punto, la modificación de crédito de 1,6 millones de euros para reponer las arcas de la Concellería de Benestar, fue retirado del orden del día a propuesta de Gonzalo Pérez Jácome. El portavoz de Democracia Ourensana planteó la medida ya con el tiempo de debate agotado y a punto de pasar a la votación, y fue apoyado por Ourense en Común. Sus once votos fueron suficientes ya que, aunque el PP votó en contra de aparcar el asunto, el PSOE se abstuvo.

Una retirada que llegó después de que DO, PSOE y Ourense en Común rechazaran con la suma de sus 17 votos la modificación de crédito para pagar facturas pendientes a proveedores por 498.518,28 euros y antes de que también se rechazasen, con el mismo resultado, otros 502.624 euros para los créditos extraordinarios derivados del convenio para la urbanización de accesos al CHUO y la construcción del centro intergeneracional promovido por la Fundación Amancio Ortega.

Sin embargo el posicionamiento sobre el dinero para servicios sociales sigue siendo una incógnita. La maniobra de retirar el punto del orden del día plantea dudas sobre si las críticas al gobierno local popular durante el debate llegarían hasta las últimas consecuencias y los partidos votarían en contra de un procedimiento administrativo que, según argumenta el PP, es imprescindible para seguir prestando servicios tan sensibles como la ayuda a domicilio a dependientes, la atención en el centro de día o el comedor sobre ruedas.

El debate, tal cual se desarrolló hasta ese momento, hacía prever ese rechazo. Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común, acusaron reiteradamente al grupo de gobierno de ser responsable de la situación. Desde las filas socialistas, José Ángel Vázquez Barquero dejó claro desde el primer momento la postura de su formación avanzando que votarían en contra. El argumentario del PSOE se centró en la mala gestión y cargó principalmente sobre el funcionamiento de la concejalía que lidera Sofía Godoy, recordando que «xa en abril se pulira todo o presuposto». Martiño Xosé Vázquez también criticó a Godoy pero pedía que se aclarasen las responsabilidades. El portavoz de Ourense en Común se preguntó cómo es posible que en un Concello de más de 100.000 habitantes, con el personal del que dispone, «servizos tan importantes como este queden bloqueados por unha baixa médica prevista».

Pérez Jácome reconoció que «no estamos hablando de un desfalco, porque el dinero está ahí, solo que al no gastarse el año pasado quedó en tesorería», pero reprochó al regidor la falta de negociación y diálogo. «Usted no se enteró todavía de que está en minoría», le dijo tras argumentar que «gobierna sin contar con nadie, hace lo que le da la gana y cuando las cosas salen mal, entonces pide a la oposición que le arreglen el problema». Jácome desveló durante la sesión que el problema de salud de la funcionaria, por el que no pudo pagarse una factura el pasado año y se cargó contra el presupuesto de este reduciendo la liquidez de la concejalía de Benestar, «fue una operación de un juanete». El líder de DO cuestionó que no se gestionase la sustitución de la trabajadora.

Trámite habitual

Ana Morenza fue la encargada de defender las propuestas del gobierno y centró su argumentario en que las modificaciones de crédito son un trámite administrativo habitual que se repite todos los años y que el Concello dispone de dinero más que suficiente para hacer frente a ellas. Echó mano de documentación concreta sobre las aprobadas en la época del gobierno socialista en minoría, gracias al apoyo del PP, e incluso aludió a frases textuales del anterior regidor y del propio Barquero en aquellas sesiones para intentar desmontar el argumentario actual del PSOE de que la situación actual se debe a la mala gestión. Le recordó que en julio del 2013 se aprobaron modificaciones que rondaban los 700.000 euros y Vázquez Barquero agradecía la responsabilidad del PP por votar a favor. «Nosotros actuamos con responsabilidad estemos en el gobierno o en la oposición; ustedes por lo que parece no», dijo.

Morenza citó hasta media docena de plenos entre 2013 y 2014, en los que el PSOE planteó modificaciones de crédito que sumaron 17 millones de euros.

Un debate marcado por la confrontación desde el primer minuto

Ya se preveía que el pleno no sería de guante blanco. El cruce de declaraciones y comunicados de los días precedentes entre gobierno y oposición y lo sensible del asunto que centraba la disputa -los servicios sociales- con acusaciones mutuas de chantaje emocional y falta de responsabilidad entre el PP y el PSOE, habían elevado la tensión lo suficiente para adivinar el tono en el que se desarrollaría el debate. La predisposición a la trifulca se notó desde el primer minuto, cuando Jesús Vázquez anunciaba el arranque de la sesión. El portavoz socialista planteó una cuestión de orden recordando que se cumplía en esta jornada el 88 aniversario del fusilamiento del alcalde Manuel Suárez y pidiendo «que se tivese exactamente o mesmo trato e o mesmo recoñecemento que fai uns días se lle deu a Miguel Ángel Blanco». El regidor argumentó que era imposible desarrollar en ese momento el mismo acto ya que el anterior, que se había hecho fuera de la consistorial, se programó con un día de antelación para invitar a otros colectivos sociales. Dos minutos les llevó aclarar las posturas. «Si vostede o que está propoñendo é un minuto de silencio, dígao claramente e non hai ningún problema», le apuntó el regidor. «Un minuto de silencio, aquí e agora», contestó el portavoz socialista.

La tensión se notó también en las intervenciones del alcalde, que contestó personalmente a prácticamente cada una de las que hicieron los portavoces de la oposición. También en las interrupciones entre concejales durante el uso de la palabra. Ambas circunstancias provocaron protestas por los minutos reales consumidos, agravadas por el hecho de que el sistema de reloj electrónico que las mide no funcionaba, lo que obligó a utilizar los cronómetros de los móviles.

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