La justicia confirma que un edificio de la rúa do Bierzo debe ser derribado

La amenaza pende sobre cuarenta familias desde la primera sentencia del año 2010


ourense / la voz

El futuro del edificio de Rúa do Bierzo 2B - 2C sigue estando muy negro. Aunque resiste en pie. Sobre sus cuarenta vecinos pesa una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ourense que el 29 de julio del 2010 lo condenó al derribo. El fallo desestimaba el recurso contra un acuerdo de la junta de gobierno del Concello de Ourense, que el 16 de febrero del 2006, lo dejaba al borde de la piqueta.

Requería la administración a la promotora del inmueble para que procediera a la demolición de las obras de construcción de los edificios «por no ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia municipal (...) y no se susceptibles de legalización». Exigía igualmente que adoptara medidas que evitaran «el uso de lo edificado» y a las compañías suministradora de agua, electricidad y gas «para que procedan de forma inmediata al corte del suministro domiciliario». Ahora, el Tribunal Superior de Galicia ha dado un nuevo varapalo a las expectativas de la comunidad de propietarios, al desestimar el recurso de apelación contra aquella sentencia, que ya entonces amparaba el acuerdo municipal. No es firme, de todos modos, pues aún es posible el recurso de casación.

La sala de lo contencioso del TSXG se remite a la situación efectiva que ha provocado la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del 2003, cuya vida acabó en marzo del 2011 por resolución firme del Tribunal Supremo. Y como el TSXG ha dicho en alguna sentencia anterior «los recursos posteriores contra la misma disposición general anulada en su conjunto han perdido su objeto». De ese modo, «carece de sentido (...) que entremos a pronunciarnos sobre la legalidad de una determinación de un instrumento de planeamiento -esto es, una disposición de carácter general- que ya ha sido declarado nulo por sentencia firme y que, por tanto, ha quedado expulsado del ordenamiento jurídico». Recuerda la sala, además, que «carece de interés abundar o insistir en una nulidad ya declarada» y que adquirió firmeza, como ocurre con este caso.

Tampoco el estudio de detalle

En este conflicto, además, tampoco ha prosperado la alternativa de la aprobación de un estudio de detalle, que permitiera legalizar la construcción. El Tribunal Superior de Galicia anuló esa salida en septiembre del 2015 y el Tribunal Supremo declaró la firmeza de la posición por sentencia dictada con fecha del 21 de diciembre del 2016.

Detalla esta sentencia, del pasado día 1 de junio, que al estar anulado el PXOM del 2003 en el que se apoyaba el estudio de detalle ese hecho conlleva la anulación de este último instrumento. A ello hay que añadir, además, «el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que lo anula y en que se considera que incurre en infracción urbanística al modificar el ancho del vial».

Es por ello, hace notar la sentencia del TSXG, «que las edificaciones objeto de autos están fuera de la alineación de dieciséis metros y el estudio de detalle no puede variar la anchura del vial, por lo que, anulado el estudio de detalle, procede confirmar las resoluciones por las que se acuerda el requerimiento de demolición y desestimar el recurso de apelación».

El Concello pretendía hace once años que no se utilizara lo que estaba edificado

Un conflicto que explotó en el 2006 cuando llevaba tres años habitado el inmueble

Las diferencias entre promotores de la construcción dieron alas a este conflicto, con denuncias cruzadas que afectaron a distintos inmuebles en la misma zona. En el edificio al que afecta esta sentencia residen cuarenta familias. Los primeros se instalaron en el año 2003. Fue en el 2006, sin embargo, cuando el Concello de Ourense adoptó la decisión que dio lugar a todo conflicto judicial posterior. Los vecinos llegaron a recibir entonces las notificaciones de corte de suministro que exigía el acuerdo de la junta de gobierno local, pero en momento alguno llegaron a esta privados de electricidad, agua o gas, como expresamente se ordenaba.

La delicada posición en la que se encuentran los propietarios de estas viviendas, aún más delicada desde esta semana, no ha encontrado hasta ahora vías de solución en el Concello. Y aunque el problema inicialmente se dirigía a la promotora, los residentes son los perjudicados.

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