La Xunta se da dos meses para tener lista la reordenación de los juzgados
OURENSE CIUDAD
El juez decano muestra dudas por la designación política de puestos fundamentales
10 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, expuso ayer a los representantes de la administración de justicia en Ourense las perspectivas de la puesta en marcha de la «nova oficial xudicial». Tanto en esa reunión como en la que posteriormente mantuvo con los delegados sindicales, el alto cargo de la Xunta dejó claro que en dos meses esperan tener rematados los trabajos y se dispondrá de un plan concreto para implantar este nuevo esquema en Ourense, convertida, por decisión del gobierno gallego, en la experiencia piloto para exportarlo luego al resto de Galicia.
La iniciativa, según la impresión transmitida por varios asistentes a las reuniones, ha sido acogida con recelo, aunque todas las partes se muestran cautas a la hora de las valoraciones, en la medida en que el proyecto aún no está rematado.
La propuesta trata de establecer servicios comunes, sin los compartimentos estancos que actualmente son los juzgados, con el objetivo de agilizar los procedimientos, la tramitación y el desenlace, según explicaron en rueda de prensa el director xeral y la delegada territorial de la Xunta de Galicia, Marisol Díaz. Falta aclarar, de todos modos, en qué posición se situarán la Audiencia, el juzgado de menores y los juzgados de instrucción. La experiencia en otros partidos judiciales, como Cáceres, León o Cuenca, es diferente.
Sea como fuere, el juez decano, Leonardo Álvarez, expuso «serias dudas» sobre el hecho de que vaya a ser un órgano político -sea la Xunta o el Gobierno- el que designe los puestos de responsabilidad que ocuparán los letrados de la administración de justicia (denominación actual de los antiguos secretarios de juzgado). En su opinión, a salvo de matices y de ver la organización final, Álvarez teme en este aspecto una injerencia política frente a la independencia judicial. El juez decano deja claro que, de entrada, no le entusiasma lo que conoce.
En la reunión con el presidente de la Audiencia Provincial, fiscal jefe, juez decano, coordinadora de los letrados y responsable del servicio común de notificaciones y embargos, los técnicos de la empresa que prepara el proyecto se mostraron abiertos a recibir cuantas propuestas se consideren necesarias.
La Xunta, por su parte, aclara que la iniciativa tiene como fin «gañar en eficacia» y la actividad se organiza en dos tipos de unidades. Por un lado, las «procesuais de apoio aos xuíces e aos maxistrados, isto é, oficinas dotadas co persoal preciso para o auxilio estrito do labor de xuíz. E, por outra parte, os servizos comúns procesuais, que estarán a cargo do letrado da administración de xustiza e que se encargarán da tramitación uniforme de tarefas repetitivas, básicamente relacionadas coa tramitación da fase do expediente xudicial de carácter estritamente procesual como poden ser a ordenación do procedemento, a execución das resolucións xudiciais, atención ao cidadán ou actos de comunicación», según resume la Xunta.
En medios sindicales también se ve con recelo el proyecto. Existe prevención. Desde UGT, sindicato que ostenta la presidencia de la junta de personal de Ourense, se denunció el hecho de que se haya acudido a una empresa externa el informe de recursos, cuando la propia Xunta debería conocerlos al detalle.
Los cambios se empezarán a notar a finales de año
Los cambios están en fase de estudio. Serán dos meses para disponer del primer borrador. Con los posteriores ajustes, el director xeral, Juan José Martín, espera que la oficina será una realidad a finales de año. Queda por delante la tarea de ordenar servicios, recolocar al personal necesario, abrir el correspondiente período de negociación de cambios de destino con los representantes sindicales y llevarlo a la práctica.