La Fundación San Rosendo alerta de que la sobreprotección de mayores limita sus derechos

La jornada sobre derechos fundamentales del anciano que organizó la Fundación San Rosendo en el campus ourensano sirvió, además de para conocer la situación de la protección de esos derechos desde la faceta judicial y de la Administración, para constatar las realidad del día a día que en ese campo se vive en los centros residenciales. El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, puso sobre la mesa el debate ético que subyace en esa realidad y la necesidad que a su juicio existe de variar algunos planteamientos «para evitar una tendencia a la sobreprotección en la que, pensando en hacerle bien, en realidad los estamos perjudicando porque limitamos su autonomía y su derecho a elegir y decidir».

A través de varios ejemplos reales Gavela planteó que el cambio a un nuevo enfoque de la asistencia respetando los derechos fundamentales «y anteponiendo lo que quiere» el residente deben darse tanto en el funcionamiento cotidiano dentro de los centros como en las familias y en los protocolos judiciales o administrativos «en ocasiones excesivamente rígidos, en los que no hay tiempo de hacer una evaluación pausada» y que llevan a decisiones precipitadas que a medio o largo plazo recortan derechos o privan de beneficios sociales a los mayores.

En lo que se refiere a los cambios en el ámbito residencial, el presidente de la fundación, se mostró convencido de que las variaciones que requiere en el funcionamiento interno «no suponen una pérdida de eficiencia; anteponer lo que el mayor quiere a lo que a veces hacemos pensando en facilitarle las cosas, como darles de comer para que no se manchen o porque resulta más cómodo que esperar a que lo haga a su ritmo, por poner un ejemplo». Animó a romper con ese tipo de tendencia en la asistencia residencial «y pensar si les estamos ayudando o en realidad les estamos perjudicando porque a la larga quizá limitamos su autonomía». Gavela reconoce que en ocasiones los propios familiares abogan por que se mantengan actitudes excesivamente proteccionistas. «A nadie nos gusta que un mayor se caiga y pueda romperse una cadera, por ejemplo. La pregunta es: ¿justifica eso que a partir de ahí, de una caída, a una persona se le ate y se le obligue a estar inmovilizado? O si un hijo viene a ver a su padre justo después de comer y se enfada porque ve que se ha ensuciado ¿es mejor darle la comida para evitar ese enfado que permitirle seguir comiendo solo?». Gavela hizo hincapié también en la necesidad de mejorar la comunicación entre todos los implicados -residencias, familias, Administración y juzgados- para un respeto a los derechos fundamentales de los mayores más consecuente, que no caiga en la sobreprotección que acaba anulándolos como individuos con voluntad propia.

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