Al exsecretario del Concello de Ourense lo interrogará la jueza en su casa de León
OURENSE CIUDAD
El forense desaconsejó la presencia de la letrada de Áurea Soto para evitar la carga estresante de la situación
15 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Hasta León, al domicilio del exsecretario del Concello de Ourense, Mariano Rodríguez, acudirá mañana la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Eva Armesto. A la vista de las dificultades mostradas hasta ahora para que pudiera testificar el exfuncionario, a causa de su delicado estado de salud, la magistrada decidió desplazarse ella hasta la capital leonesa. No lo hará, sin embargo, la letrada de la exconcejala socialista Áurea Soto, que es quien ha insistido en la importancia de esta declaración en el caso de las cesiones perdonadas a los constructores en las recalificaciones urbanísticas entre los años 1998 y 2002, por las que acusa al exalcalde Manuel Cabezas y a sus exconcejales de urbanismo.
Un informe del médico forense ha sido determinante para que, salvo cambio de criterio de la jueza, no asista la abogada de Soto, Elena Díaz. La presencia de las partes, ha dicho el forense, supone una carga estresante añadida, por lo que la desaconseja. El exfuncionario, según los informes médicos, sufre distintas patologías, por lo que la declaración debe realizarse, según indica, en un ambiente escasamente estresante y sin interferir sus terapias de carácter vital.
La letrada que ejerce la acusación, aparte de oponerse a la decisión de que no asista a la declaración, ha atendido la petición de la jueza para trasladar las preguntas que desea plantear. Quiere que diga, entre otras cosas, si recuerda que en 1997 se aprobó una ley del suelo que, según su criterio, obligaba a los ayuntamientos a exigir el 10% de los aprovechamientos. Y «por qué no se aplicó la ley tal y como reprochó el Consello de Contas en su información de fiscalización durante los años 1999/2002». Le pide, asimismo, que diga por qué no informó los 15 expedientes en los que se condonó el 10% a los promotores con un perjuicio para el Concello de 1,6 millones.
Tanto el exalcalde Manuel Cabezas como sus exconcejales ampararon la decisión de no cobrar en un acuerdo municipal del año 1994. Se sentían, además, amparados por los informes emitidos por el exsecretario municipal, que este podrá aclarar ahora.