La revisión judicial de la política municipal de Ourense se ha estirado hasta 1994

La exconcejala socialista Áurea Soto denunció a Manuel Cabezas y el fiscal quiere oír como investigados a Manuel Veiga y a Francisco Rodríguez


ourense / la voz

Tres de los cinco últimos alcaldes de Ourense, Manuel Veiga, Manuel Cabezas y Francisco Rodríguez, cuya actividad política se desarrolló entre los años 1991 y 2012, se encuentran aún inmersos en procedimientos judiciales, o pendientes de que se les pueda convocar, por su actuación de entonces y por denuncias o iniciativas recientes. Al margen han quedado el popular Enrique Nóvoa, que ocupó la alcaldía unos meses en el año 2007 y el socialista Agustín Fernández, que sucedió a Rodríguez durante parte del mandato de la corporación anterior, entre 2012 y 2015.

Primero fue el popular Manuel Cabezas quien, años después de que en el 2007 abandonara el Concello de Ourense, aunque activo de forma intermitente en la vida política, se vio requerido desde un juzgado para declarar en calidad de investigado por un aspecto concreto de su actividad como regidor entre los años 1999 y 2002. La exconcejala Áurea Soto lo denunció al considerar que en ese período de tiempo dejó de ingresar el Concello de Ourense alrededor de 1,6 millones de euros al no haber exigido las cesiones correspondientes a recalificaciones urbanísticas.

Más recientemente, la fiscalía propuso que se llamara por el mismo asunto a su antecesor, el socialista Manuel Veiga Pombo, regidor entre 1991 y 1995, totalmente apartado de cualquier actividad política durante los últimos veintiún años. Lo cita porque de su etapa es el acuerdo plenario municipal, de 15 de diciembre de 1994, que entonces liberaba a los constructores de ese pago, con el objetivo de dinamizar el sector. Aquella decisión corporativa permitió mantener la situación hasta el 2002, con informes del entonces secretario, Mariano Gutiérrez, pese a que, como denunció Soto, la legislación exigía ese cobro de cesiones.

Cabezas ya declaró, pero la citación a Veiga la descartó la jueza, al considerar que la eventual responsabilidad penal por aquel acuerdo, que no llegó a valorar, está prescrito. Ha recurrido el fiscal y la petición está pendiente de que resuelva en reforma la propia instructora y, llegado el caso, que sea la Audiencia la que se pronuncie en apelación, si, como es previsible, la jueza mantiene su criterio. Comparte la opinión de la magistrada la denunciante, Áurea Soto, cuya letrada ha advertido que, por haber sido un acuerdo plenario, de existir alguna responsabilidad sería de toda la corporación.

Falta, en este caso, que se concrete el traslado de la jueza hasta León, decidido en octubre. Al haber sido imposible escuchar el testimonio del ex secretario del Concello de Ourense, Mariano Rodríguez, ni personalmente ni por videoconferencia, a causa de su delicado estado de salud, la instructora tomo entonces la decisión de acudir a su domicilio. Y aunque dejó clara su intención de hacerlo con carácter «inmediato y urgente», aún no se ha fijado una fecha de común acuerdo con las partes. Aparte de la denunciante, interviene el fiscal y están como investigados tanto el exregidor Manuel Cabezas, como sus primeros concejales de Urbanismo Julio Díaz Salcedo y Ricardo Campo Labrador.

El servicio de ayuda a domicilio añade otra cita

El último convocado es Francisco Rodríguez. También a propuesta del fiscal, la pasada semana se supo que el juez del caso de la ayuda a domicilio había accedido a la petición para que compareciera en calidad de investigado el exregidor del PSOE, que en septiembre del 2012 abandonó la alcaldía y puso fin a una larga trayectoria vital de actividad política y sindical. Según se desprende del auto judicial, se le cita para que aclare por qué una vez resuelto el contrato con Troncoso Saludges el 30 de diciembre del 2010, esta firma siguió prestando servicio en el 2011 con reparos del interventor municipal.

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