El juez cita al exalcalde Rodríguez como investigado por la ayuda a domicilio

El empresario José Troncoso declarará por segunda vez en la misma condición


ourense / la voz

El caso de la ayuda a domicilio de Ourense, que su primer instructor pretendía cerrar a finales del 2013, llegará al menos hasta el año 2017. Y mientras se ha reducido a una sola persona la relación de investigados entre los trabajadores municipales del área de servicios sociales, el juez ha decidido ampliar la de políticos, que, en realidad, son expolíticos,. El exalcalde Francisco Rodríguez, que acaba de ser convocado para el día 25 de enero, lleva varios años totalmente apartado de la actividad pública y partidista. La citación al exalcalde socialista, solicitada por el fiscal, la suscribe el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval, a quien está correspondiendo la labor de revisar y rematar el trabajo de su antecesor, Antonio Piña, actual presidente de la Audiencia Provincial.

La citación a Francisco Rodríguez la plantea el juez con el fin de «precisar convenientemente las condiciones de adjudicación y resolución del contrato de ayuda a domicilio» del Concello de Ourense por la UTE (unión temporal de empresas) Troncoso Saludges. Acota el juez el aspecto que le interesa aclarar de la participación del exalcalde. Señala, concretamente, el momento en el que se liquida el contrato el 30 de diciembre del 2010 y cómo «la citada empresa continuó prestando el servicio durante el año 2011, en las mismas condiciones, pese a la existencia de un reparo expreso del interventor municipal, salvado por el entonces alcalde de Ourense».

Indicios de delito

La citación de Francisco Rodríguez la plantea el juez en calidad de investigado -imputado, en la terminología anterior a la última modificación legal- porque, según dice, «existen serios indicios de delito en relación con la adjudicación y facturación del citado servicio municipal objetivados en la causa». Dado su cargo en la etapa a la que corresponde la causa «procede precisar y aquilatar su eventual participación en los mismos, al igual que la de los restantes investigados, considerando precisa su declaración aun en este estadio final de la tramitación de la causa».

La de Francisco Rodríguez no será la única declaración que reciba el juez antes de cerrar la causa y dictar el correspondiente auto de archivo o transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Troncoso volverá ante el juez

El empresario José Troncoso, que es uno de los imputados y ya prestó declaración en su día, solicitó que se le citara de nuevo y el instructor aceptó su propuesta. Lo ha convocado, de hecho, para la tercera semana de enero, antes de que preste testimonio el exalcalde socialista de Ourense, que abandonó el puesto tras ser detenido e imputado en la operación Pokémon que se sigue en Lugo.

La citación de Francisco Rodríguez fue solicitada expresamente por el ministerio público, cuya participación en la causa empezó a ser perceptible el pasado mes de abril, a partir de la solicitud de declaración de causa compleja para poder ampliar la instrucción año y medio más. Hasta entonces, como las defensas han resaltado, apenas tuvo participación en una causa que sufrió un parón significativo coincidiendo con el cambio de titular en el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, al verse obligado el nuevo a estudiar un asunto al que se han incorporado gran número de documentos y pruebas.

La causa se sigue por prevaricación, estafa, malversación de caudales y tráfico de influencias.

El exregidor se suma a la exconcejala, los dos empresarios y una funcionaria

Esta causa se había iniciado por denuncia de Democracia Ourense, a raíz de que se hubiera consumado la ruptura de los socios de Troncoso Saludges, que se había encargado de la gestión de la ayuda a domicilio entre los años 2007 y 2011. El bipartito municipal PSOE-BNG se había encontrado en 2007 el expediente de adjudicación rematada y apenas había hecho otra cosa que formalizar el contrato. La denuncia, planteada con posterioridad, sugería que la gestión había sido irregular, con gastos no previstos y servicios no prestados aunque estaban incluidos en el contrato. Después de varios años de instrucción, el juez mantiene como investigados a los dos exsocios de la adjudicataria, la exconcejal Marga Martín, a una funcionaria municipal y ahora al exalcalde Rodríguez, para que aclare por qué mantuvo el servicio en precario en 2011.

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