El Concello de Ourense y la Xunta intentan prolongar la vida de las anuladas normas urbanísticas

El gobierno local recurre en casación al Supremo contra la opinión de la asesoría jurídica municipal


ourense / la voz

La asesoría jurídica del Concello de Ourense «non considera conveniente a interposición do recurso» contra las sentencias del Tribunal Superior de Galicia que anularon la ordenación urbanística provisional dictada por la Xunta en el año 2011. Pero la junta de gobierno local decidió recurrirlas y el proceso ya está iniciado. Han recurrido tanto el Concello de Ourense como la Xunta, cada uno con sus propios argumentos, aun sabiendo que la posibilidad de que prosperen sus pretensiones es escasa.

El dictamen de la asesoría jurídica municipal dejaba claro, según figura en acta de la junta de gobierno en la que se decidió recurrir, que el criterio del Tribunal Superior de Galicia y del Tribunal Supremo no dejaba mucho margen para interpretaciones. «Examinados os argumentos xurídicos do TSXG e tendo en consideración que son coincidentes coa doutrina sostida respecto diso polo Tribunal Supremo, que é o órgano a quen correspondería resolver o recurso de casación», las posibilidades de éxito parecen escasas. Que la maniobra sirva para ganar tiempo justifica, no obstante, el recurso.

La acción municipal, que va paralela a la de la Xunta, se ajusta a los nuevos criterios para los recursos de casación publicados en el BOE el pasado mes de julio, con un modelo que entró en vigor el pasado 22 de julio, que introdujo cambios relevantes tanto en los asuntos que podrán acceder al recurso de casación como en los criterios de admisión aplicables y en la forma de plantearlos. La norma vigente regula el número de folios y los caracteres máximos del texto, e incluso el interlineado, los márgenes, el tipo y el cuerpo de letra.

Primera parada, el TSXG

El recurso de casación ha de pasar ahora un primer filtro, no directamente ante el propio Tribunal Supremo, sino ante la misma sala que dictó la sentencia que es objeto de recurso. Es, por ello, posible, que el TSXG frene la maniobra y no llegue siquiera hasta el Supremo. Para el supuesto de que la sala de lo contencioso abriera en A Coruña el camino hacia Madrid, el recurso debería superar una segunda revisión previa en el Tribunal Supremo, que, a la vista de los antecedentes y sus resoluciones anteriores, es probable que no llegue a admitirlo a trámite, según dicen medios profesionales conocedores de la mecánica procesal.

La iniciativa, sea como fuere, permitirá prolongar, aunque solo sea unas semanas y en precario, la vigencia de la ordenanza provisional del año 2010, anulada por el TSXG el pasado mes de octubre. Concello y Xunta agotaron el plazo para recurrir. Es ahora previsible que los particulares y empresas personados en los nueve procedimientos hagan lo propio. Que pasen entre cuatro y seis meses a la espera de esa decisión cae dentro de lo probable. Será el tiempo de que dispongan los grupos políticos municipales para agilizar la aprobación de la revisión del PXOM actualmente en marcha.

Y aunque el recurso no prospere, seguirá entre alfileres el urbanismo municipal, vigente el plan general de 1986, aunque con los parches de las normas del 2011 que permiten una mínima adaptación a la realidad del 2016.

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