El magistrado que estudió la querella de una ex concejala socialista contra el juez decano de Ourense propone archivarla

Áurea Soto cree que Leonardo Álvarez prevaricó al dictar el auto de apertura de juicio oral en un asunto urbanístico por el que fue absuelta, aunque en su día se vio forzada a dejar la vida política


Ourense

La querella que la ex concejala socialista Áurea Soto, responsable de urbanismo en el Concello de Ourense entre 2007 y 2015, había presentado contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, a quien atribuye un delito de prevaricación por haber dictado el auto de apertura de juicio oral que la llevó al banquillo y forzó su dimisión, parece condenada al archivo. El magistrado que ha revisado el asunto no ha encontrado delito en el proceder del juez, por lo que ha acordado desestimar el recurso de reforma interpuesto por Soto y por el abogado Carlos Hernández contra la decisión de septiembre que proponía el archivo.

Esta resolución, según anunció esta tarde el Tribunal Superior de Galicia, «fue notificada ayer y hoy se ha dictado el auto que declara concluso el sumario para su remisión a la Sala (compuesta por tres magistrados diferentes), que podrán acordar el archivo de la causa o revocar el auto de conclusión de sumario y remitirlo de nuevo al instructor, bien para que realice nuevas diligencias de investigación o para que dicte auto de procesamiento».

El sumario 4/2016 fue incoado el 1 de julio de 2016 en cumplimiento de lo acordado por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en auto de 30 de junio anterior, por la posible comisión de un delito de prevaricación judicial por el decano de Ourense, Leonardo Álvarez Pérez.

 Practicadas de oficio o a petición de las demás partes todas las pruebas consideradas oportunas para el esclarecimiento de los hechos, dice el auto dictado hoy, «se dictó con fecha 19 de septiembre auto de no procesamiento, el cual fue recurrido en reforma por la parte acusadora, y fue desestimado en el día de ayer, al no apreciarse indicio de criminalidad alguno en el actuar del Magistrado objeto de querella».

Áurea Soto y el abogado Carlos Hernández creen que Leonardo Álvarez manipuló resoluciones del TSXG que afectaban a los pleitos urbanísticos sobre la plaza de San Antonio, con el fin de poder acusar a la ex concejala y al abogado externo a quien ella encomendó un dictamen jurídico para legalizar la situación de la plaza de san Antonio. Al ser absueltos de la acusación de prevaricación, Soto y Hernández se querellaron contra el juez por presunta prevaricación urbanística. Por el magistrado del TSXG José Antonio Ballestero «se desecha ya el dato -no obstante bien subrayado en la querella- de la alteración de fechas supuestamente efectuada por el juez querellado para "armar" la imputación contra los ahora querellantes, lo que desde luego, si hubiera sido cierto habría determinado, según reglas de experiencia y el normal discurrir de las cosas, la recusación del instructor y el correspondiente recurso frente a una resolución tan torticera. Esto habría, sin duda, significado, de ser cierto, el fin del proceso penal previo. Pero tal proceder se omitió».

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