Condenados por delito fiscal del 2001 y 2002 en una pizarrera ahora en quiebra

p. s. OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

Uno de los tres acusados, hermanos y socios de Ipisa, falleció antes del juicio

08 oct 2016 . Actualizado a las 12:26 h.

Con unos cuantos años de retraso, pero las deudas de Iberoitaliana de Pizarras S.A. con la Agencia Tributaria han dado lugar no a una sino a dos sentencias del juzgado de Penal número 1 de Ourense en las que se condena a dos de los tres hermanos inicialmente acusados de delitos contra la hacienda pública. Las sentencias, que no son firmes, imponen penas de prisión a Alberto y Siro Vega Rodríguez, de 82 y 76 años, respectivamente. El tercer hermano inicialmente acusado, Emeterio, falleció antes de que se celebrara el juicio.

Fueron dos procedimientos diferentes los que se siguieron por presuntos delitos fiscales en los años 2001 y 2002.

La empresa, según detalla la primera de las sentencias en la relación de hechos probados, incumplió sus obligaciones de presentar la cuentas anuales del 2001 y 2002, que no fueron depositadas en el Registro Mercantil. Como consecuencia de la labor inspectora de la Agencia Tributaria, ante la imposibilidad de determinar de otro modo las partidos de ingresos y gastos, activos y pasivos, aplicó la AEAT el régimen de estimación indirecta y se llegó a la cifra de 126.672 euros como la cantidad que había dejado de ingresar correspondiente al Impuesto de Sociedades.

En el segundo caso, correspondiente al año 2002, la AEAT aplicó de nuevo el mismo criterio y fijó la cantidad adeudada en 191.200 euros por el Impuesto de Sociedades y 163.209 euros por el impago del IVA.

Irregularidades contables

En las fechas en las que ocurrieron esos hechos Emeterio Vega era presidente del consejo de administración, Siro era vicepresidente y Alberto era secretario. Los tres, según las conclusiones a las que llegó la titular del juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, «eran conscientes de que había irregularidades en la contabilidad, la cual no reflejaba la verdadera situación de la empresa».

Detalla la sentencia las irregularidades que detectó y cuantificó el inspector de la AEAT que había intervenido en los expedientes en el año 2006, Agustín Fernández Gallego.

Aclaró el funcionario que había optado por la estimación indirecta por «irregularidades en la contabilidad (se vendía pizarra y no se fabricaba ni se compraba); se vendía pizarra pero no había facturas de compra de rachón; no aparecen compras de explosivos; la empresa no tenía medios materiales para la extracción y transformación de la pizarra; existían muchas diferencias entre lo que compraba y lo que se vendía; los inventarios no aparecían desglosados, por lo que resulta imposible saber lo que se compraba y lo que se vendía».

Ipisa se encuentra en proceso de liquidación tras un procedimiento concursal culpable

Los problemas tributarios no son los únicos de la firma Iberoitaliana de Pizarras SA. (Ipisa). La empresa, de hecho, está en fase de liquidación. En mayo del 2012 había declarado el juzgado de lo mercantil de Ourense la declaración de concurso del la firma. Acordó la jueza, entonces, la intervención de las facultades de administración y disposición por los deudores, con lo cual los ahora acusados perdieron el control de la sociedad. Aunque en un primer momento se estimaba en unos veinte millones de euros el desfase económico de la firma, la dudosa valoración de algunos activos hizo que el agujero resultara más alto.

La perspectiva de que la AEAT llegue a cobrar el dinero que adeuda esta empresa al amparo de estas dos sentencias depende, aparte de que aún no son firmes, de la evolución del procedimiento concursal y del orden con el que se efectuando atendiendo los pagos por parte de la administración concursal.

Prisión, 481.000 euros e intereses

Aparte de la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o incentivos fiscales, las condenas a los dos acusados fijan penas de un año de prisión por cada uno de los tres delitos que suman las dos sentencias. En los dos casos son más bajas que las peticiones del fiscal y la abogacía del Estado. La responsabilidad civil a favor de la AEAT suma 481.000 euros e intereses, con carácter personal y de forma solidaria. Subsidiariamente correspondería el pago a la sociedad, que está en liquidación.