Un caso que en el 2013 quería cerrar el juez en dos meses sigue abierto casi tres años después

El actual instructor ha dejado desde entonces fuera de la causa de ayuda a domicilio de Ourense a dos funcionarias


ourense / la voz

La investigación de la gestión del servicio de ayuda a domicilio de Ourense entre los años 2007 y 2011, que Democracia Ourensana denunció en el año 2012, sigue atascada. A punto de cumplirse cuatro años, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, este verano ha apartado del caso a la segunda de las ocho personas a quienes su antecesor, Antonio Piña, había dado la condición de imputados, que con la legislación actual pasaron a llamarse investigados.

De lo actuado, dice el juez, «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa por María Josefa Méndez». Ordenó, por ello, el archivo respecto a esta trabajadora municipal, de la misma forma que ya había hecho el pasado mes de mayo del Cristina Feijoo, a quien también dejó fuera de la causa.

El proceso de marcha atrás iniciado por el actual instructor se produce, en todo caso, después de que las actuaciones hayan sido declaradas complejas a efectos de ampliación del plazo de instrucción hasta dieciocho meses más desde finales de abril de este mismo año. El aumento del plazo se acordó sin que, como resaltaron los defensores, se hayan practicado «diligencias de investigación en el procedimiento» desde hace más de un año, como decía uno de los escritos, mientras que en otro de los recursos de las defensas se enfatizaba que no solo no se había planteado prueba alguna, sino que «el fiscal apenas ha intervenido en la instrucción».

La situación en la que se encuentran las diligencias previas 4196/2012 de Instrucción 2 de Ourense, sin que se haya completado la fase de investigación y sin que los implicados sepan cuáles son los delitos que se le imputan, contrasta con las previsiones que manejaba el instructor a primeros de octubre del 2013. Entonces, en un auto que formalmente daba repuesta a recursos anteriores de las defensas, el juez daba cinco días a las partes para que propusieran cuantas diligencias consideraran imprescindibles. «A fin de acelerar la terminación de la fase instructora se tratará de practicar estas diligencias en un plazo que no exceda de sesenta días», decía en el escrito de 9 de octubre del 2013.

Apuntaba entonces la existencia de indicios de delito de estafa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, aunque «susceptibles de nueva valoración una vez practicadas las diligencias probatorias que se acuerden», en ese plazo de dos meses que se concedía. No solo no se llegó a ese punto en diciembre del 2013, como de forma optimista apuntaba el juez, sino que en septiembre del 2016, dos años y nueve meses después, el procedimiento sigue abierto, aunque con cinco investigados en vez de los siete que dejó el primer instructor.

Las actuaciones judiciales por el caso de ayuda a domicilio arrancaron por resolución de 23 de noviembre del 2012 a partir de una denuncia de Democracia Ourensana. El Concello de Ourense estaba entonces sumido en una profunda crisis, después de que el 20 de septiembre fuera detenido el entonces alcalde Francisco Rodríguez dentro de la llamada operación Pokémon, que acabó desencadenando la ruptura del gobierno municipal bipartito PSOE-BNG.

En aquel noviembre del 2012, después de que la Audiencia absolviera a los imputados en el llamado caso de los paneles, el asunto de la ayuda a domicilio tomó el relevo como arma arrojadiza contra el gobierno municipal socialista. Tanto Democracia Ourensana como el PP habían prestado especial atención a este asunto para censurar a la ex concejala Marga Martín y reclamar su destitución al ex alcalde Agustín Fernández.

La instrucción de este asunto, en el que se discutieron entre otras cosas las facturas de regularización de gastos y supuestos incumplimientos de la oferta presentada al concurso por la empresa adjudicataria, mantiene como investigados a la ex concejala Marga Martín; los dos ex socios de la firma encargada del servicio, Troncoso Saludges, y a tres empleados municipales del área de servicios sociales.

Al retraso también ayudó el cambio de titular en el juzgado, con la marcha del primer instructor a la Audiencia Provincial.

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Un caso que en el 2013 quería cerrar el juez en dos meses sigue abierto casi tres años después