Otra jueza continuará el caso de las cesiones que el Concello no cobró a constructores
18 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La investigación por la querella de la ex concejala socialista Áurea Soto contra el ex alcalde popular Manuel Cabezas y contra quienes fueron responsables de urbanismo durante sus sucesivos mandatos, que hasta ahora ha llevado ante el juez en calidad de imputados/investigados a Julio Díaz Salcedo y Ricardo Campo Labrador, cambiará de dirección. El juez que la inició, el decano Leonardo Álvarez, decidió archivar el asunto al no apreciar indicios de delito en el hecho de que el Concello de Ourense perdiera el 10 % de cesiones obligatorias en proyectos urbanísticos, sin exigirlas a los promotores entre los años 1997 y 2003. La Audiencia, sin embargo, ordenó continuar adelante con el asunto, en contra de la valoración del magistrado y de la fiscalía. Ante una diferencia de criterio tan evidente, el instructor ha optado por apartarse, sin esperar a una eventual y previsible recusación, después de que el Tribunal Superior de Galicia aceptara a trámite una querella de la ex concejala contra él. Así las cosas, el asunto pasa a manos de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, que es quien, entre otros asuntos, lleva el caso de José Manuel Baltar.
En un auto dictado con fecha del 16 de agosto, notificado ayer a las partes y sin posibilidad de recurso, el juez se aparta del caso de forma definitiva. La Audiencia comunicó el pasado día 3 de agosto que la abstención estaba perfectamente justificada.
La denuncia contra el ex alcalde del PP y sus ex responsables de urbanismo -desde Julio Díaz a Enrique Nóvoa- la había presentado Áurea Soto en el año 2014, en un momento en el que se acumulaban varias denuncias contra ellas. Afirmaba que al no haber reclamado a los promotores el porcentaje de cesiones obligatorias por distintos proyectos urbanísticos, el Concello de Ourense había sufrido un perjuicio económico que los técnicos municipales tasaron en 1,6 millones de euros.
El juez citó en un primer momento a Ricardo Campo Labrador, concejal de urbanismo durante la etapa en la que se gestionó el discutido Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del año 2003. Alegó que en todos los casos habían actuado en junta de gobierno avalados por informes del ex secretario del Concello, Mariano Gutiérrez. La insistencia de la ex concejala socialista y sus recursos a la Audiencia dieron lugar a que, más recientemente, el juez llamara como investigados a Manuel Cabezas y a Julio Díaz Salcedo, que se ampararon en los mismos dictámenes del ex secretario. Este, a su vez, no llegó a declarar ninguna de las veces en las que fue citado, alegando siempre razones de salud, ni siquiera habiéndosele dado la opción de declarar por videoconferencia desde León, la ciudad donde reside.
Escuchar o no las explicaciones del ex secretario municipal
Entre las decisiones que deberá valorar la nueva instructora del asunto está la de valorar la importancia de la declaración del ex secretario como testigo. La querellante, de hecho, considera que es fundamental para ponderar la eventual responsabilidad penal de los políticos, por lo que incluso sugirió la posibilidad de un desplazamiento a León para el interrogatorio, o un eventual traslado del testigo en ambulancia y con todas las garantías sanitarias.
La Audiencia anuló al juez el archivo antes de que este declarara en el Tribunal Superior
El instructor de estas controvertidas diligencias, las 3764/2014 iniciadas por querella de Áurea Soto, no apreció en Manuel Cabezas y sus exconcejales los delitos de malversación de fondos y prevaricación que señalaba la ex concejala del PSOE. Ordenó por ello el archivo de la causa. La Audiencia Provincial, sin embargo, revocó aquel acuerdo y ordenó continuar por no compartir los argumentos jurídicos del juez. Se conoció la decisión de que el caso siguiera adelante apenas dos días antes de que el propio juez, Leonardo Álvarez, acudiese a la sede del TSXG en calidad investigado (y asistido de abogado defensor) por la querella que contra él presentó Áurea Soto. Le atribuye un delito de prevaricación por su proceder en el caso de la plaza de San Antonio, que la obligó a dimitir desde el mismo momento en el que el juez dictó el auto de apertura de juicio oral.
El caso de la plaza de San Antonio, iniciado por denuncia de Democracia Ourensana y seguido por el entorno del promotor Bautista Rodríguez Díaz como acusación popular, llevó al banquillo a la ex concejala y al abogado Carlos Hernández, por su gestión al legalizar la urbanización de la plaza de San Antonio con el fin de evitar el derribo.
Absueltos por sentencia del juzgado de lo penal, la Audiencia Provincial confirmó la decisión de la jueza al desestimar el recurso de apelación presentado por el ministerio fiscal.
La querella de Soto contra el juez, una vez admitida a trámite por el TSXG, llevó al decano a tomar la decisión de apartarse del caso. La Audiencia comparte la decisión y ayer se confirmó.