Un fraude fiscal con facturas falsas en el 2001 conduce a una pena de prisión

El Supremo liquida el caso Ucosa, que afecta al empresario Óscar Sánchez Ruido


ourense / la voz

Casi quince años después de la inauguración del centro comercial Ponte Vella, al presidente de la sociedad que promovió y desarrolló el proyecto, Óscar Sánchez Ruido, le acaban de colocar nubes muy negras en el horizonte inmediato. El Tribunal Supremo se ha mostrado inflexible. No solo confirmó en el 2014 una primera condena a dos años de prisión por apropiación indebida y falsedad, sino que ordenó a la Audiencia Provincial que revisara el proceder del empresario en relación con la existencia de delito fiscal. Revisada en Ourense la inicial absolución por fraude a la hacienda pública, con una segunda condena a un año y seis meses de prisión, el alto tribunal acaba de desestimar el recurso de casación planteado por el expresidente de Ucosa. El trámite de ejecución de sentencia que ahora se inicia dirá en qué acaba un caso que entró en la vía judicial en el año 2003 y que ha llegado a su fin trece años después.

Aquel verano del 2003 había registrado un inaudito enfrentamiento entre socios de peso en aquel proyecto que se consolidaba en Ourense, no solo en el ámbito comercial sino como centro de ocio. Un grupo, liderado entonces por Jorge Bermello, detectó que en las cuentas faltaba dinero. Las explicaciones internas no les resultaron suficientemente convincentes. Denunciaron.

Las sospechas, posteriormente confirmadas por resoluciones judiciales firmes, apuntaban a la posibilidad de que se hubieran contabilizado facturas falsas en las cuentas de la entidad. En una de las actas del consejo de administración se había incluido una llamativa referencia a pagos por «operaciones necesarias en el ámbito urbanístico», que en su día llevó a sospechar que enmascarara algún pago irregular. No cuajó el hilo de las eventuales comisiones. Todos los implicados negaron tal posibilidad durante una larga instrucción que se vio complicada por sucesivos y rápidos cambios de titular en el juzgado de Ourense que entonces lucía el número siete y al que había correspondido el asunto.

La responsabilidad penal en el caso de la apropiación indebida y falsedad, por la contabilización de facturas falsas, se limitó al ex presidente de la sociedad, el ourensano Óscar Sánchez Ruido, aunque también alcanzó a los dos empresarios que emitieron aquellas facturas -Guillermo Alvarellos y Jesús Parente- en calidad de cooperadores necesarios. La cantidad distraída ascendía a 1,6 millones de euros y a Sánchez Ruido le exigía la sentencia devolver 900.000 euros, aparte de imponerle dos años de prisión, que la sala dejaba en uno para los otros dos imputados.

La Abogacía del Estado insistió hasta el final en las tesis de la Agencia Tributaria

La condena a Óscar Sánchez Ruido por dos delitos contra la Hacienda pública en concurso ideal, tal y como apreció la Audiencia después de que el Supremo ordenara que revisaran una primera absolución y se pronunciara «de nuevo sobre los mismos con racionalidad y ajuste a la ley», es fruto del empeño del Abogado del Estado, que no cejó en la defensa de las posiciones de la Agencia Tributaria. Condenado en una primera sentencia por apropiación indebida y falsedad documental, en la que se le exculpaba de delito fiscal, el recurso del abogado del estado condujo al castigo añadido. Con la salvedad de que, además, reclamó que se le aplicaran intereses.

Aparte del pago de la deuda tributaria, al acusado se le condena a año y medio de prisión, una parte de las costas y multa de 800.000 euros, con cuatro meses de responsabilidad si no paga.

La «sofisticación falsaria» evitó en impuesto de sociedades e IVA 427.000 y 177.000 euros

El acusado, dice el Tribunal Supremo, «no ha sido condenado solo por dejar de ingresar la cuota tributaria que correspondería a sus ingresos y gastos empresariales, sino por hacerlo valiéndose de un procedimiento engañoso y fraudulento, cual es la utilización de documentos falsos que ineludiblemente determinaban el engaño de los funcionarios de la administración tributaria».

Gastos simulados

Con la salvedad, añade la sentencia, de que «cualquier empresario conoce que la reducción de los ingresos de una empresa mediante la elaboración de unos gastos ficticios simulados mediante facturas falsas genera una reducción fraudulenta de la deuda fiscal, sin que para ello sea necesario tener conocimientos técnicos de la normativa fiscal».

La «sofisticación falsaria» por la que es condenado el ex presidente de Ucosa -con el uso de cheques y pagarés falsos para obtener importantes sumas de dinero en perjuicio de la firma de la que era máximo responsable- dio lugar a que Ucosa dejara de ingresar a favor del erario público 427.671 euros por el impuesto de sociedades del 2001, con 177.679 euros más por el IVA del mismo ejercicio del 2001. La incorporación de las facturas falsas a las cuentas se hizo al ser facilitadas por el acusado a la empresa que se encargaba de los asuntos fiscales de Ucosa.

Dilaciones indebidas

Al desestimar el recurso de casación presentado por la defensa de Óscar Sánchez Ruido, el Tribunal Supremo reafirma la valoración de las dilaciones indebidas -es decir, el evidente retraso en la tramitación de la causa - como atenuante muy cualificada, pero no como para rebajar la pena en dos grados.

Un tiempo «irrazonable»

El tiempo, dice el Supremo, ha sido «patentemente irrazonable», pero también indica que se trata de asuntos completos y de entidad. La rebaja que pedía el acusado supondría «desactivar de forma sustancial y determinante los fines de la pena con respecto a delitos que contienen un grado de ilicitud notable, sin que se den razones de una excepcionalidad extraordinaria que fundamenten una atemperación tan exorbitante y magnánima del quantum de la pena», dice la sentencia.

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