La justicia da tres meses para tirar un ascensor exterior en As Camelias

La Audiencia ordena dejar libre la praza da Cantiga y apela a un «deseable acuerdo» entre las partes sobre esta polémica


Ourense

A falta de «lo que sin duda sería un deseable acuerdo entre las partes litigantes», el discutido ascensor exterior instalado en la praza da Cantiga deberá desaparecer en el plazo de tres meses. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, que no es firme y aún es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ordena el derribo de la polémica instalación y fija ese plazo para su ejecución. La sala rechaza la posición que inicialmente había adoptado un juez de primera instancia, amparando la instalación del ascensor exterior para uso de los vecinos del número 2 de esa plaza del barrio de As Camelias. Ocupa 11,10 metros cuadrados de suelo público para esa finalidad y destino estrictamente privado.

Y si el juez de instancia razonó en su momento que los moradores del edificio quedarían condenados al ostracismo si no se instalaba ese equipamiento, la Audiencia Provincial considera que, según los informes técnicos aportados al procedimiento, existe «la posibilidad de instalar un ascensor por el interior del edificio número 2».

Reducción de viviendas

Se puede hacer, según se precisa en la misma resolución judicial, «a costa de reducir la superficie de alguna de sus estancias y con la instalación de una plataforma salva escaleras debido a cuatro peldaños iniciales». Ese recorte, sin embargo, mermaría de forma severa las viviendas, según dicen los directamente afectados.

Esta «solución en manos de los interesados», que supondría reducir y recortar espacio habitable en las viviendas del inmueble, «solo afectaría a su propiedad y no a terceros, de todo que falta uno de los presupuestos indispensables para el establecimiento de la servidumbre, esto es, la necesidad para el predio dominante indispensable para una constitución forzosa».

Derecho de propiedad

Nos encontraríamos, según dice la sentencia de la sección primera de la Audiencia, de la que ha sido ponente la magistrada Josefa Otero, «ante una conveniencia que no autoriza a gravar derecho de propiedad ajena al poder servirse los beneficiarios por la obra de suelo del que son titulares, sin ocupar inmueble ajeno».

Al estimar la sala que hay solución sin invadir terreno público, de acuerdo con los informes de los técnicos, la inicial luz verde legal se ha desmoronado. El juez de primera instancia había mostrado en su sentencia de finales del 2015 una fricción entre el derecho genérico de propiedad privada y el de las personas a disfrutar del anterior. Estimaba que el ascensor exterior era prácticamente la única opción y amparaba su construcción al ser los residentes personas de avanzada edad en su mayoría.

Un conflicto que arranca desde la inicial petición de licencia municipal en el año 2008

La comunidad de propietarios de praza da Cantiga, 2, planteó al Concello de Ourense la posibilidad de instalar un ascensor exterior en el año 2008. Un informe del servicio de Arquitectura lo desestimó. En mayo del 2013, los servicios jurídicos municipales reafirmaron que no era procedente la desafectación de la superficie necesaria en la plaza, para instalar la base del ascensor, por tratarse de un espacio de titularidad privada y uso público.

En enero del 2014, sin embargo, el Concello de Ourense concedió licencia para esta actuación. Se opusieron los propietarios y arrendatarios de locales del sótano, bajo la plaza, que exigieron la paralización. Entró así en la asunto en la vía judicial, a la que acudieron los demandantes. En el verano de aquel 2014 se frenó la construcción. Más recientemente, a primeros del 2016, la justicia abrió una ventana de esperanza a los residentes en el edificio, al autorizar el ascensor, concediendo especial relevancia al aspecto humano y a las necesidades de los vecinos afectados. Este verano, sin embargo, la Audiencia Provincial ha dado un vuelco al asunto con una sentencia que no solo ciega la posibilidad de instalar el ascensor, sino que además fija un plazo de tres meses para el derribo de lo construido e impone las costas del procedimiento a la comunidad afectada. El juez de instrucción creía que el pleito tenía un base suficientemente dudosa para ver buena fe, pero la sala lo ha visto de otro modo.

Es la puntilla a los planes de unos vecinos que ven como también se ha esfumado la perspectiva de una subvención de la Xunta para poder llevar adelante sus planes.

Aunque el proyecto no seguirá adelante, a salvo de acuerdos entre las partes litigantes o de lo que diga el Supremo ante un eventual recurso de casación, los informes técnicos municipales que ampararon la licencia valoraron el carácter novedoso de la solución y la innovación que suponía el ascensor exterior. Los argumentos de carácter humanitario y estético han resultado, de todos modos, insuficientes para que pudiera seguir adelante.

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