La Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en el año 2013 establece que, a falta de reglamento local, la declaración de bienes de los concejales de todos los ayuntamientos de España debe ser publicada atendiendo a la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado. No es el caso del Concello de Ourense, que desde el año 2008 cuenta con una regulación específica. Esta dice, claramente, que la información sobre el patrimonio de los ediles se hará pública «anualmente durante a segunda quincena do mes de xullo na páxina web municipal». Ayer mismo, en el portal del Ayuntamiento ourensano estaban disponibles los datos referentes a 18 concejales. El único edil de Ourense en Común que faltaba por cumplir con la norma, Miguel Doval, ya lo ha hecho, pero hay nueve miembros de la corporación que, a falta de un día para que termine el plazo, se han pasado por el forro las reglas (siete del PP y dos de Democracia Ourensana).
Quienes incumplen las ordenanzas urbanísticas o quienes se demoran en el pago de sus impuestos reciben un castigo. ¿Y ellos? Ninguno. Puede argumentarse que la información que se pide es incompleta y que el concejal que oculta su patrimonio podrá seguir haciéndolo, pero esas razones no deben ser excusa para incumplir las normas. Hacerlo de ese modo no ayuda a cazar a quienes meten la mano en la caja, sino a darles una coartada para que sus negocietes sigan ocultos a la ciudadanía. Que el sistema se puede mejorar, está claro. Y ojalá sea así, pero pasar de las normas solo beneficia a los ladrones.