La justicia dice que las aceras de la calle del ex alcalde Agustín Fernández se pagaron correctamente

Le quedaba algo de vida a la polémica sobre las aceras de la calle Clara Corral, pagadas con fondos del Plan E, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido zanjar el asunto. Carpetazo y punto final. Primero fue el fiscal de Ourense el que, a primeros de diciembre del 2015, dijo que no había caso al no advertir indicios de delito, cuando decretó el archivo de la denuncia que el PP había dirigido contra el vecino más conocido de la citada calle, el ex alcalde Agustín Fernández, a quien atribuían los populares delitos de prevaricación o tráfico de influencias. Eliminada la vía penal, sin posibilidad de reproche al ex regidor y a su equipo, quedaba por resolver un fleco de 83.659 euros, que es la cantidad cuya devolución exigía el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Concello de Ourense por la forma en que se había financiado la obra. La justicia acaba de anular la decisión de 15 de abril del 2015 del correspondiente órgano de la administración central que exigía ese dinero. Y si no hay delito, ni el asunto tiene coste económico para el Concello, caso cerrado.

«Acreditado y no discutido que se realizaron las obras», dice la sentencia del TSJ de Madrid, «dejando aparte las valoraciones que se hicieron a efectos de resolver el primer expediente de reintegro, y dado que el motivo por el que se instó y resolvió expediente no es subsumible en las causas de reintegro (...) es por lo que procede estimar el recurso» presentado por el Concello de Ourense.

La administración local, de hecho, defendió el proceder municipal en contra de la interpretación hecha por el Estado.

Esta sentencia, que es firme al no existir posibilidad de recurso contra ella, cierra el conflicto a favor del Concello de Ourense, que no deberá devolver dinero alguno de la obra. Se desvanece, así las cosas, la posibilidad de que el gobierno local acabara reclamado el dinero al ex alcalde, si finalmente hubiera tenido que devolver los 83.659 euros cuya devolución exigía la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Obligación de urbanizar

Se basaba la denuncia en que los propietarios de tres viviendas unifamiliares de la calle tenían la obligación previa de urbanizar la parte que le correspondía para que alcanzasen los terrenos la condición de solar, con expedientes de 1988, 1989 y 1996. Al haber depositado en su día avales para responder de esas obras, interpretaba Hacienda que se había producido un supuesto de cofinanciación de la obra, incluida en el Plan E del 2008 como «mejora de aceras, calzada y servicios en la calle Clara Corral Aller».

Había hecho el interventor municipal una valoración de las obligaciones urbanísticas de los propietarios en 66.513 euros en base al proyecto ejecutado en el 2009 y financiado por el FEIL, equivalente al redactado en 1996. Añadiendo intereses llegaba a la cifra de 83.649 euros, que es la que reclamó la administración central.

Detalla la sentencia cómo desde Hacienda de Ourense se había iniciado un primer expediente en julio del 2012. Proponía reclamar 33.150 euros al Concello «de unos fondos cuya inversión por el ayuntamiento no había sido debidamente justificada». En un segundo expediente, de abril del 2014 y con carácter de ampliación, se hacía referencia desde la Intervención del Estado en Ourense, a «cierta información periodística» sobre la existencia de los avales anteriores, por si el órgano gestor pretendía personarse en el procedimiento. Era, además, un momento en el que la fiscalía aún no se había pronunciado sobre el asunto, centro de un vivo debate político.

Esta resolución judicial en el ámbito de lo contencioso cierra definitivamente, a favor del ex alcalde, una polémica que había sido reiteradamente avivada desde el PP y DO como ejemplo de corrupción, al considerar que el ex regidor había aprovechado para hacer las aceras a cargo de los presupuestos y evitar el gasto privado. Ni la fiscalía halló delito ni tampoco la justicia aprecia irregularidades administrativas.

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