El juez declara complejo el asunto de la ayuda a domicilio y se da 18 meses más

El asunto se instruye desde el año 2012 y lleva más de un año prácticamente paralizado


Ourense

Desde el año 2012 se está instruyendo el caso de la ayuda a domicilio en Ourense. Como ocurre con la operación Pokémon en Lugo. Este último asunto, que en la capital acabó con la carrera política del entonces alcalde Francisco Rodríguez y mantiene en calidad de imputados a un buen número de funcionarios, políticos en activo y otros que han adquirido la condición de ex, ha sido recientemente declarado complejo por la jueza que lo instruye. El de la ayuda a domicilio de Ourense, con una ex concejala, dos ex socios empresarios y varios funcionarios, de una única administración, también es complejo. Como resaltaba alguna de las defensa, lleva más de un año prácticamente paralizado. Pero podrá seguir abierto hasta dieciocho meses más, según un auto del actual titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval.

El de ayuda a domicilio es uno de los asuntos de amplia repercusión política que heredó el actual titular del Instrucción 2 de su antecesor, Antonio Piña.

Desde el año 2012

Se había iniciado en el año 2012, a partir de una denuncia de Democracia Ourensana. Se siguen las diligencias por «supuesto delito de apropiación indebida y otros», pero la imputación, pese al tiempo transcurrido, aún no se ha concretado. El anterior instructor intentó dejar este asunto encarrilado, según él mismo admitió cuando abandonó el juzgado. Pero quedaban varios flecos y recursos pendientes de resolver, por lo que lo dejó abierto.

La entrada en vigor de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impone plazos estrictos para la instrucción, ha llevado al ministerio público a pedir la declaración de complejidad, con el fin de que el juez pueda tener tiempo para estudiarlo. El ministerio público, sea como fuere, ha tenido hasta ahora escasa intervención en la tramitación de la causa.

La ampliación del plazo para instrucción de este asunto, cuya relevancia se vio muy reducida cuando la ex concejala Marga Martín abandonó el Concello de Ourense, dará al juez un margen amplio para poder revisar toda la documentación recabada.

En este asunto se analiza el grado de cumplimiento de la oferta durante los años 2007 a 2011 por parte de Troncoso Saludges, adjudicataria del servicio. También se discute el contenido de las facturas de regularización y el pago de los desplazamientos, entre otros asuntos.

El anterior instructor, en un auto de 9 de octubre del 2013 en el que daba respuesta a distintas cuestiones planteadas por las defensas, apuntaba a la existencia de indicios de delito de malversación de caudales públicos, estafa y tráfico de influencias. No obstante, la imputación no llegó a concretarse en momento alguno de la instrucción. Como ocurre con la Pokémon en Lugo.

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