El caso de la ayuda a domicilio lleva un año «paralizado», según censura una defensa

Rechazan la eventual ampliación año y medio más y advierten que hay diligencias pedidas y sin atender desde hace 18 meses

la voz

La petición fiscal para que se amplíe el plazo de instrucción de la causa de ayuda a domicilio de Ourense, que inició un juzgado de la capital en el año 2012, no convence a las defensas de los imputados. El ministerio público, al igual que ha hecho en otros casos, propuso que se declare «compleja» la instrucción del asunto, con el fin de que el juez pueda seguir trabajando en ella sin la necesidad de cerrarla en los primeros días del mes de junio, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su actual redacción, que fija un máximo de seis meses para que el juez dicte el auto de continuación de un asunto o su archivo.

El tono del reproche a la forma en la que se está siguiendo este caso en el Juzgado de Instrucción número 2 aparece clara en los escritos de alegaciones de las defensas. La modificación normativa «no puede servir para amparar la dilación inadmisible que sufre la causa (...), que por vicisitudes ajenas por completo a las partes, se encuentra completamente paralizada desde hace más de un año». Con la salvedad de que, además, están «pendientes de practicarse diligencias solicitadas hace más de dieciocho meses», dice una de las defensas para concluir que no existe motivo alguno para prolongar «más allá de lo razonable la conclusión de la causa mediante su archivo», concluye.

Entiende esta defensa que no concurre ninguno de los supuestos previstos por la ley.

Este asunto se inició por denuncia de los concejales de Democracia Ourensana en octubre del 2012, en un momento en el que el gobierno municipal PSOE-BNG del Concello de Ourense estaba sumido en una profunda crisis a raíz de la operación Pokémon, que pocas semanas antes había supuesto la detención del entonces alcalde socialista Francisco Rodríguez. En aquel ambiente, la denuncia y la acción judicial había tenido un notable impacto en el debate político, al reclamar tanto PP como DO la destitución de la ex concejala de servicios sociales, la socialista Marga Martín.

Imputados junto con la ex concejala varios trabajadores municipales y los dos ex socios de la adjudicataria entre los años 2007 y 2011, la instrucción se mantiene sin que se hayan concretado los delitos que se le atribuyen a los investigados por la presuntas irregularidades en la gestión, el cumplimiento de la oferta y una supuesta doble contabilidad.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
0 votos
Comentarios

El caso de la ayuda a domicilio lleva un año «paralizado», según censura una defensa