Un nuevo episodio de la volatilidad de la palabra de los políticos se vivió esta semana en Ourense. Hace siete días había dos candidatos a presidir el PP local, el alcalde, Jesús Vázquez, y el ex edil, Miguel Abad. El lunes de Pasión, el segundo arrojó la toalla y se puso a las órdenes de Vázquez olvidando ambos que tres días antes hablaban de que el careo era lo más beneficioso para el partido y los militantes. «É positiva a candidatura de Miguel», decía Vázquez. «El PP tiene la mala fama de que aquí no se hacen las cosas con elecciones, que se hace todo a dedo», justificaba Abad. Sus palabras duraron, como diría Sabina, lo que dura un corto invierno. Interpretaron el viejo refrán («donde dije digo, digo Diego») y loaron que los militantes eviten votar. El presidente del PP declaró que «eu non interfiro en nada» como si Abad no hubiese reconocido que sus intenciones «se las comunico a mi presidente». Baltar, en lugar de frenarle, jaleó sus ansias de liderazgo. Así conseguía emerger como el garante de la solución a un problema que él solo había alentado y dirigido.
Delito. El que el ex alcalde Cabezas, y su equipo le hubiesen perdonado a los constructores en torno a 1,6 millones de euros que debían ingresar en las arcas públicas por la cesión del 10 % de diferentes aprovechamientos urbanísticos, es para el juez «un delito de prevaricación» que no puede penar porque está prescrito. Los ciudadanos se echarán las manos a la cabeza por la decisión de un juez que apreciando un delito no lo pena. Pero el juez cumple la ley. Fue la exconcejala del PSOE, Áurea Soto, la denunciante, la que quiso ser justiciera con 10 años de retraso, justo los que marcan la prescripción. Igual solo buscaba la sentencia mediática y poder llamarle a Cabezas prevaricador. Lo malos es que, entre unos y otros, el Concello (que somos todos) vio como 1,6 millones de euros públicos quedaron en manos privadas.
Contenedores. Los técnicos, tituló La Voz, discrepan sobre la mejor salida a los contenedores soterrados que llevan años inutilizados. Unos quieren arreglarlos y otros sellarlos. Leí que el técnico que aconseja cerrarlos es Carlos Cárcamo, el mismo que emergió en la operación Patos que investiga la justicia en Vigo. Cuando se hiciera público que había viajado a cuerpo de rey a Málaga (396 euros por dos noches de hotel) invitado por la empresa Cespa (empresa que aspiraba entre otras 48, al contrato millonario para cuidar los jardines y que finalmente logró), escribí: «Ahí está otro ejemplo de los sutiles tentáculos de la corrupción. Las empresas siempre encuentran terreno abonado para la prebenda sin que los políticos se enteren de que los informes en los que basan sus adjudicaciones están horadados por el virus del favor al técnico que los redacta». No digo que sea el caso pero sí digo que a los políticos se les paga para que decidan en base a los intereses generales y tengo para mí que en esto de los contenedores pasa como si ante un coche al que le falla la batería, el político (aconsejado por un técnico), en lugar de sustituírsela, lo envía al desguace y compra uno nuevo. Total, al final siempre paga el sufrido contribuyente pues ellos, tanto técnicos como políticos, tiran con pólvora ajena.