Solicita expedientes a su sala de lo contencioso, al Penal 2 y al Concello de Ourense
23 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La querella que la ex concejala socialista Áurea Soto presentó el pasado 8 de marzo contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, a quien atribuye un delito de prevaricación administrativa, ha dado lugar a los primeros movimientos por parte del Tribunal Superior de Galicia. El momento fundamental será el del rechazo o admisión a trámite de la querella, pero, como primera medida después de la formación de la sala y la designación del magistrado Pablo Sande García como ponente, desde el TSXG se ha ordenado reclamar la documentación que se proponía en la querella.
Una providencia del pasado 17 de marzo ordena librar exhorto al Juzgado de lo Penal 2 de Ourense y a la sección segunda de la sala de lo contencioso del propio TSXG, como también un oficio al Concello de Ourense, «para que remita a la sala certificaciones de la documental propuesta en el escrito de querella».
El análisis de sentencias, autos y resoluciones judiciales, junto con los expedientes administrativos municipales que afectan al otorgamiento de licencia para la urbanización de la plaza de San Antonio y de indemnización por la inejecución de una sentencia del 2009, servirá a la sala «para decidir sobre la admisión de la querella en función de la eventual relevancia penal de los hechos relatados» en la querella.
La acusación al titular del juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, la plantearon Áurea Soto y su abogado, Carlos Hernández, tras ser absueltos de prevaricación por la concesión de la licencia de legalización de la plaza de San Antonio, por sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, que está recurrida y aún no es firme. La sentencia de apelación, prevén Soto y Hernández, «poco podrá aportar aquí, salvo que los magistrados que habrá de dictarla quieran también sumarse al ?aquelarre? en que se vieron envueltos los hoy querellantes, lo que desde luego no resulta ni esperable ni predecible».
La ex concejala y el abogado externo a quien encargaba los asuntos de urbanismo sustentan la querella en la «predisposición del titular del juzgado a llegar a la fase de juicio oral contra Soto Vázquez por encima de cualquier otra consideración». Mantienen que el instructor utilizó de forma parcial y con fechas alteradas resoluciones del TSXG que consideran determinantes sobre el fondo del asunto para la legalización de la urbanización.
Piden idéntico «rigor»
El «riguroso patrón» que Áurea Soto y Carlos Hernández creen que les fue aplicado por el juez a la hora de conceder la licencia que se tildó de prevaricadora, reclaman que «se aplique ahora también con el mismo rigor al conocimiento de la ley que aquel debe de tener a la hora de cerrar la instrucción».
Soto había dimitido como concejala a raíz de que el juez dictara el auto de apertura de juicio oral el 8 de enero del 2015. La tesis que mantiene la querella es que la acusación -fiscal y popular, ejercida por una hija del promotor Bautista Rodríguez- buscaba la apertura de juicio oral para forzar la dimisión de Soto: «ese era el único objetivo de la acusación y en él se implicó el juez aquí interpelado», dice la querella, que suscribe el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren.
La ex concejala mantiene abiertos varios frentes en el ámbito judicial en diferente papel
La querella que Áurea Soto presentó en el TSXG contra el juez decano de Ourense no ha impedido a Leonardo Álvarez continuar con los asuntos que en su juzgado afectan a la ex concejala, en unos casos como denunciante y en otros como denunciada. Al no existir una recusación formal por parte de la querellante, el magistrado ha continuado con los asuntos y en pocos días, cuando ya tenía conocimiento de la actuación contra él, dictó dos autos que cierran causas que los afectan. Por un lado, como ya había hecho en dos ocasiones anteriores, ha dictado auto de sobreseimiento y archivo en un asunto que afectaba a obras del matadero, de acuerdo con la posición que mantiene Soto.
Por otro, en el asunto de los aprovechamientos urbanísticos entre 1999 y 2002, por el que la exconcejala socialista acusaba de prevaricación y malversación al ex alcalde del PP Manuel Cabezas y a sus ediles de urbanismo, también archivó el mismo juez.
Los otros dos asuntos que enfrentan a la ex concejala y al juez están pendientes de la Audiencia. Al caso de las contrataciones de personas por el sistema de asistencias técnicas le falta un último recurso antes de ir a juicio y también está pendiente de apelación el de la plaza de San Antonio, por el que fue absuelta.