Áurea Soto propone 120.000 euros de fianza al juez contra el que se querelló
OURENSE CIUDAD
La ex concejala del PSOE concreta esa cantidad en el escrito de denuncia al TSXG
11 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La ex concejala socialista Áurea Soto, que el martes formalizó una querella por prevaricación contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, quiere que el Tribunal Superior de Galicia imponga al magistrado una fianza «para garantizar las responsabilidades civiles que en su día pudieran declararse a su cargo». Soto, que comparte la condición de querellante con el abogado Carlos Hernández, dirigidos en este asunto por el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren, propone que se exija al juez la cantidad de 120.000 euros, con la advertencia de que, si no lo hace, se proceda al embargo de sus bienes en cuantía bastante para asegurar la citada suma.
En la querella, que formalmente fue conocida ayer por la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Galicia, según informaron fuentes del propio TSXG, se advierte de la intención de ejercer la acción civil «con ocasión de la comisión del delito por el que se le acusa, cuya cuantía concretaremos en el curso de la instrucción» de esta causa.
Proponen los querellantes, aparte de la incorporación de distintos documentos sobre el procedimiento seguido en los contenciosos y en la legalización de la urbanización de la plaza de San Antonio, locales y garajes privados, que se tome declaración al magistrado. Solicitan, al mismo tiempo, que se les tenga por personados para ejercer la acusación particular.
La querella de Soto y Hernández contra el juez decano debe pasar un primer filtro en el TSXG, donde los magistrados tendrán que decidir como primer paso si la admiten a trámite.
Discuten si la Audiencia debe celebrar otro juicio por el caso de la plaza de San Antonio
Mientras, en el Juzgado de lo Penal 2 se prepara la remisión a la Audiencia de los recursos de apelación contra la sentencia que absolvió a Soto y a Hernández de la acusación de prevaricación por su gestión al legalizar la urbanización de la plaza de San Antonio. Tanto la fiscalía como la acusación popular -ejercida por una hija del empresario Bautista Rodríguez Díaz- han planteado la necesidad de que se convoque a los acusados, testigos y peritos, prácticamente para celebrar nueva vista en la Audiencia.
La defensa de la ex concejala y del abogado que preparó el informe que sustentó la legalización de la urbanización, pide la confirmación de la sentencia absolutoria. Denuncia, ademas, el «fraude procesal» que a su juicio pretende la acusación popular, al adherirse al recurso de la fiscalía e insistir en los delitos que planteaba por el pago de una indemnización. La sentencia del Juzgado de lo Penal ya sería firme en este apartado, por cuanto el ministerio fiscal no recurrió esta parte de la causa y tampoco lo hizo la acusación popular en el plazo legal de diez días.
La defensora de Soto recuerda que la única testifical no admitida fue la de tres magistrados del TSXG, que ella propuso, por lo que entiende que solo esta se podría incorporar ahora.
La decisión sobre la vista corresponde a la Audiencia.
El magistrado no tiene intención de renunciar a la instrucción de todos sus asuntos
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, no tiene intención de renunciar a los casos en los que es parte Áurea Soto. El magistrado no encuentra motivos para apartarse de esos asuntos, a pesar de que la ex concejala haya presentado una querella contra él, por lo que ya ha citado a Manuel Cabezas para la próxima semana.
La continuación de Álvarez con las tres causas en las que aparece Soto -como denunciante en el caso del 10 % de cesiones a los promotores y como denunciada en un asunto del matadero y en el de las contrataciones de asistencias técnicas- obligará a la ex concejala a recusarlo. En el supuesto de que abra esa vía, el juez deberá valorar si la toma en consideración y, en ese caso, trasladar el asunto a la Audiencia.
La situación, en cualquier caso, aparece condicionada a la decisión que tome la sala de lo civil y penal del TSXG, si acepta a trámite o rechaza directamente la querella de Soto y Hernández.