Áurea Soto afirma que el juez decano prevaricó cuando la llevó al banquillo
OURENSE CIUDAD
La ex concejala del PSOE y su abogado presentan una querella contra el magistrado
10 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Áurea Soto, la ex concejala socialista de Ourense que fue responsable de urbanismo del gobierno local entre julio del 2007 y enero del 2015, cree que el juez que instruyó un asunto por el que fue juzgada y absuelta -aunque la sentencia no es firme al haber sido apelada a la Audiencia Provincial- obró de forma consciente para perjudicarla, dañar su imagen y conseguir apartarla del puesto. Descarta que el magistrado se haya equivocado. La respuesta de la ex concejala del PSOE ha sido una querella criminal contra el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, a quien atribuye un delito de prevaricación judicial. Dirigida a la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Galicia, que es el órgano competente dada la condición del querellado, la actuación tuvo ayer como efecto que el juez suspendiera cautelarmente una prueba en un caso en el que Áurea Soto es denunciante.
efecto colateral
Paraliza otra causa. La querella se presentó a través de Lexnet el martes a las 14.08 horas. El juez tuvo ayer conocimiento de su existencia, pasadas las nueve y media de la mañana. A esa hora estaba citado como investigado el ex alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, por un asunto diferente en el que, sin embargo, Áurea Soto es denunciante. Su abogada, desplazada desde A Coruña para esa prueba, aprovechó el momento y entregó en mano una copia del documento al juez, a quien propuso como cuestión previa que suspendiera el acto. Considera que no debe instruir el asunto dada la situación creada con la querella contra él. De no apartarse, la letrada dejó claro que se reservaba el derecho a recusarlo. Aceptó el magistrado la solicitud. Ahora deberá estudiar el asunto y someterlo a la consideración de la Audiencia Provincial de Ourense.
los protagonistas
La concejala y el abogado. La querella contra el juez la promueven Áurea Soto y el abogado Carlos Hernández, que es el letrado externo a quien aquella confiaba los asuntos que consideraba más delicados en el ámbito del urbanismo, que es su especialidad. En el caso que da lugar a esta querella, el abogado suscribió el informe que ofrecía una salida para legalizar la urbanización de la plaza de San Antonio y evitar, con esa medida, un derribo que era firme desde el año 2006 por sentencia del Tribunal Supremo. La junta de gobierno local tomó el acuerdo en diciembre del 2007 y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Galicia aceptó un incidente de inejecución y declaró que no era posible consumar el derribar.
la causa
Denuncia, juicio y sentencia absolutoria. Los contenciosos por la plaza de San Antonio -incluido el que condujo al derribo- los había iniciado en el 2001 una vecina que pleiteó al sentirse perjudicada por la pérdida parcial de luces traseras de un inmueble. Cuando el Concello dio la controvertida licencia del 2007 y el TSXG declaró luego la inejecución de la sentencia de demolición anterior, la particular insistió en sus recursos, por lo que aún seguía abierta una posibilidad de que el asunto se desmoronara. Se abrió desde el Concello una negociación con la afectada y se resolvió indemnizarla con 358.000 euros, con lo que desaparecía ese riesgo.
tensiÓn
Política y querellas. En su condición de responsable municipal de urbanismo fue Áurea Soto blanco de varias querellas durante el mandato de la anterior corporación. La que corresponde a la plaza de San Antonio la presentaron en enero del 2013 los dos concejales que tenía Democracia Ourensana. Admitida a trámite, se retiraron y siguió como acusación particular una hija del promotor urbanístico Bautista Rodríguez, que en los últimos años ha mantenido una actitud especialmente combativa, a raíz de que se suscitaran profundas diferencias de criterio con la política socialista en dos proyectos.
la instrucción
Estrategia y planificación. Censuran Soto y Hernández en la querella el modo en que Leonardo Álvarez instruyó el caso. Sostienen que el juez trataba de apartar del cargo a la concejala. Sostienen que no fue imparcial y afirman, además, que esa supuesta estrategia preconcebida y planificada contó con el apoyo de la fiscalía.
apertura de juicio oral
Manipulación y no error. Sitúa la querella el momento clave en el auto de apertura de juicio oral que el instructor dictó el 8 de enero del 2015 y que precipitó la renuncia de Áurea Soto. Creen, según dicen, que el juez alteró de forma consciente la fecha de una resolución del TSXG para convertirla en soporte fundamental para mantener la imputación.
las fechas, clave
La visión del TSXG. Enfatiza la querella, igual que ya había hecho la defensa de Áurea Soto durante la instrucción, el contenido de dos resoluciones de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Galicia que sustentaban la legalización de la urbanización, particularmente en la parte más polémica, que es la del uso privado de garajes en el subsuelo. Una sentencia de diciembre del 2008, posterior a la concesión de la licencia, constataba que el PXOM del 2003 admitía ese uso privativo, aunque, al no ser ajustado a derecho, fue posteriormente anulado. Al aparecer esta sentencia del 2008 como dictada en el 2004, siendo además firme, parecía que Soto y Hernández habían preparado la legalización, con un informe a la carta. En ese escenario, con esa supuesta sentencia firme, sería censurable que la ex concejala dictara una providencia para incoar expediente de legalización. Es en este punto donde los querellantes creen que el juez obró con ánimo torticero, dado que, como dicen, advirtieron de esa situación por escrito. Subrayan en la querella que al conceder la licencia de legalización el 5 de diciembre del 2007 el PXOM del 2003 estaba vigente, por lo que era lo correcto.
el juicio
Los magistrados, testigos. Había propuesto la defensa de Áurea Soto que prestaran declaración como testigos, en la causa de la plaza de san Antonio, los tres magistrados del TSXG autores de un auto de 15 de enero del 2009, que daba el visto bueno a la licencia, dice la querella, para decretar la inejecución de una sentencia de derribo dictada años atrás por ellos mismos. La petición no fue admitida.
¿Y MANUEL CABEZAS?
Por otro asunto. Acosada por media docena de causas, Soto reaccionó acusando de prevaricación al ex alcalde del PP y a los ex concejales por no cobrar el 10 % de cesiones urbanísticas a los promotores. Cabezas iba a declarar ayer como investigado. Será otro día. Con este u otro juez.