El alcalde de Xinzo reclama celeridad y que lo excluyan de la operación Pokémon

La intructora del caso anula la obligación de personarse en el juzgado de forma periódica al ex jefe de la Policía Local de Ourense


Ourense

El alcalde de Xinzo de Limia (Ourense), el popular Antonio Pérez Rodríguez, ha insistido en reclamar celeridad en la tramitación de la operación Pokémon, en la que él figura como investigado. «Non é agradable para ninguén virse relacionado, aunque sexa dun xeito absolutamente indirecto por un diálogo entre dúas persoas, como é no meu caso», ha dicho a La Voz de Galicia, a raíz de que Europa Press difundiera una información en el sentido de que el regidor había pedido a la instructora, la jueza Pilar de Lara, el sobreseimiento de su imputación al entender que no existen indicios que sustenten que haya cometido un delito.

«Non sei por que motivo sae isto agora. Esa petición xa foi feita fai meses, cecais hacia o mes de outubro», dice Antonio Pérez Rodríguez, que ve su imputación como algo «insólito». «Nunha conversa entre dúas personas sai una alusión a min, como alcalde de Xinzo, sobre unha suposta retirada dunha multa. Eu non teño nada que ver con iso», proclama el regidor.

A este alcalde se le atribuye no haber pagado la multa de la grúa en Ourense valiéndose de su condición de regidor, pues así se desprende, según la interpretación que llevó a su imputación, de una llamada intervenida entre dos responsables de Vendex en la que uno de ellos refiere que «está llamando el alcalde de Xinzo por un coche» y el otro le indica que se le retire.

El escrito del abogado del alcalde de Xinzo fue enviado el pasado mes de enero y ha sido notificado a las partes hoy, jueves, según la información de Europa Press. Deberá informar ahora la Fiscalía. La defensa de Pérez Rodríguez alega que un informe elaborado por Vigilancia Aduanera concluyó que «no se detecta ningún vehículo que pueda relacionarse» con él ni en los archivos del Grupo Doal ni de Concello de Ourense.

«Que una persona afirme a otra que le ha llamado un tercero pidiendo la devolución de un coche (...) no permite considerarlo como indicio de comisión delictiva», razona, al tiempo que plantea que tal vez esa llamada no existió o que una persona ajena al alcalde pudo hacerse pasar por él pensando que sería «un buen elemento de presión».

FALTA DE EXPERIENCIA DE VIGILANCIA ADUANERA

A renglón seguido, el abogado de Antonio Pérez se centra en la segunda parte del informe de Vigilancia Aduanera, que, tras apuntar que no existe constancia de ningún coche vinculado al alcalde, subraya que «presuntamente se produjo la entrega del vehículo abonando la propia empresa el importe de la tasa por retirada de la grúa».

Al respecto, el letrado lamenta «la ausencia de objetividad» de los agentes que redactaron este documento tras mencionar que «muchos» creen que este cuerpo no tiene «la experiencia de los cuerpos que habitualmente intervienen en este tipo de investigaciones».

«Por lo que se ve, no tendrían inconveniente en promover la imputación del presidente de Galicia porque, en idéntico caso, resultase que una persona ajena a él dijere a otra que el presidente le llamó para entregar un coche retirado por la grúa», subraya.

Y, tras considerar «una barbaridad» este proceder, interpreta que la «sobrecarga de trabajo» de estos agentes consignados a la Operación Pokémon fue lo que pudo «desencadenar el error» de pedir la imputación del alcalde sin que la jueza «se hubiere percatado de la insostenibilidad de los hechos».

Más allá de esto, sostiene que Antonio Pérez «no tiene relación con personal de Vendex» y que «la grúa municipal nunca le retiró vehículo alguno, ni en Ourense ni en otro lugar de España».

OTRAS NOTIFICACIONES

Al margen de la providencia en la que De Lara pide que se traslade este escrito a la Fiscalía, ha emitido un auto para suspender la obligación del exjefe de la Policía Local de Ourense Abelardo Ulloa de comparecer periódicamente ante el juzgado. Esta medida se impuso tras su puesta en libertad provisional en septiembre de 2012.

Lo que no ha aceptado la jueza es permitir su salida del territorio nacional, «sin perjuicio, como en la práctica realizan otros investigados, de que si en algún momento puntual» necesita hacerlo «puede presentar una solicitud fundada y puede acordarse una autorización provisional».

Abelardo Ulloa está investigado por un delito continuado de cohecho, delitos de falsedad documental, delitos de tráfico de influencias, fraudes y exacciones legales, violación de secretos, prevaricación y extorsión.

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